13TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

La pérdida de autonomía de las universidades
nicaragüenses: cinco hechos para la reflexión

The loss of autonomy of Nicaraguan universities:
five facts for reflection

Ricardo García Vásquez 1
Enrique Muñoz Reyes 2

Recibido: 21 de diciembre de 2023 Aceptado: 25 de enero de 2024
Resumen

El progresivo y sistemático desenvolvimiento de la orientación autoritaria
legalizada del gobierno de Daniel Ortega, a partir de abril de 2018, ha tenido
como objetivo incrementar el poder de injerencia y control gubernamental
sobre el sistema universitario, aumentando la cobertura y matrícula estatal,
sometiendo a las universidades privadas que aún permanecen legalizadas. Este
artículo expone y analiza información documental y periodística, respecto
de la cancelación de personalidades jurídicas y confiscación de recintos de
educación superior en Nicaragua y, las reformas a la Ley Nº89 de 1990, de
Autonomía de la Educación Superior. El resultado de este conjunto de procesos
se verificaría en cinco hechos concretos: La ilegalización de casi tres decenas
de instituciones de Educación Superior, los efectos de la ilegalización en el
subsistema de Educación Superior; la proliferación de universidades nacionales;
la instrumentalización de estas nuevas instituciones como medios de control
y adoctrinamiento político, y la reconfiguración de la estructura y funciones
del Consejo Nacional de Universidades (CNU) a partir de las reformas a la Ley
Nº89 de 1990. En definitiva, este proceso tiende a la pérdida absoluta de la
autonomía universitaria nicaragüense.
Palabras clave: autoritarismo legalizado, autonomía universitaria,
adoctrinamiento político, Nicaragua, Daniel Ortega
1Dr. en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Vicerrectorado Académico
y de Investigación. Universidad Salesiana de Bolivia. Correo electrónico:
p.ricardovasquez hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0004-1587-9916
2 Dr. en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales porla
Universidad Autónoma de Barcelona. Académico Dpto. FIE- Facultad de Ciencias
de la Educación- Universidad Católica del Maule-Chile. Correo electrónico:
emunoz@ucm.cl. ORCID: https://orcid org/0000-0001-6880-4716

Revista de Ciencias Sociales
y Humanidades.

No.
44 ISSN 1994-733X e-ISSN 2707-7411, Editorial Universidad Don

Bosco, year 22, No.44, Vol. 1, January-June 2024, pp.13-38

ISSN 1994-733X e-ISSN 2707-7411, Editorial Universidad Don
Bosco, año 22, No.44, Vol. 1, enero-junio de 2024, pp.13-38

14 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

Abstract
The progressive and systematic development of the legalized authoritarian
orientation of the government of Daniel Ortega, as of April 2018, has aimed
to increase the power of governmental interference and control over the
university system, increasing state coverage and enrollment, and subjugating
private universities that still remain legalized. This article presents and analyzes
documentary and journalistic information regarding the cancellation of legal
personalities and confiscation of higher education campuses in Nicaragua,
and the reforms to Law No. 89 of 1990 on the Autonomy of Higher Education.
The results of this set of processes were verified in five concrete facts: the
illegalization of almost three dozen institutions of Higher Education, the effects
of the illegalization in the Higher Education subsystem, the proliferation of
national universities, the instrumentalization of these new institutions as means
of control and political indoctrination, and the reconfiguration of the structure
and functions of the National Council of Universities (CNU) from the reforms to
Law No. 89 of 1990. In short, this process tends to lead to an absolute loss of
Nicaraguan University autonomy.
Keywords: legalized authoritarianism, university autonomy, political
indoctrination, Nicaragua,Daniel Ortega

Al observar el panorama político Latinoamericano, emerge
una realidad política “sui géneris”: el caso nicaragüense. Dicho
carácter excepcional, radica en el desenlace autoritario del
gobierno de Daniel Ortega que, a diferencia de otros gobiernos
regionales, se ha extendido hacia las Instituciones de Educación
Superior (IES) afectando su autonomía. Si bien en el contexto
de la región latinoamericana ha sido posible observar la deriva
autoritaria en algunas de sus sociedades (Chacín Fuenmayor,
2019; Chaguaceda, 2020; Martí I Puig et al., 2022; Miranda,
2020), en ninguna de ellas la institucionalidad universitaria ha
sido objeto de medidas legalizadas de cierre y confiscación tan
abiertamente autoritarias. Estas han puesto gravemente en riesgo
la autonomía universitaria, afectando la actividad académica y
la profesionalización de miles de estudiantes, además de privar
de espacios de actividad laboral a académicos y a trabajadores,
quienes, en algunos casos, han tenido que emigrar hacia otras
sociedades de Centroamérica, en búsqueda de la continuidad de
estudios, reconocimiento de títulos, o de nuevas oportunidades de
desempeño profesional y laboral. Esta situación ha sido analizada,
por ejemplo, por Pacheco (2022), para quien el cierre de IES ha
traído consigo graves consecuencias sociales para estudiantes y
académicos, lo que exige una respuesta efectiva de la comunidad
política universitaria internacional ante el “aumento en el número
de nicaragüenses, conpresencia creciente de estudiantes, que
cruzan la frontera y piden asilo en Costa Rica y otros países”
(Pacheco, 2022, p. 38).

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En este contexto es pertinente realizarse las siguientes
preguntas: ¿Qué características ha tenido el cierre y confiscación
de recintos de educación superior en Nicaragua?, ¿Cuáles son los
objetivos políticos de dicho cierre?, ¿Qué implicaciones tiene, en
lo inmediato, para la autonomía universitaria, las reformas a la Ley
Nº89, 1990, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación
Superior, de 2022 y 2023?

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes será
abordada a partir del análisis de cinco hechos concretos: la
ilegalización de 29 instituciones de educación superior como
represalia política; el impacto que dicha ilegalización ha tenido
para el subsistema de Educación Superior; la confiscación y
creación de nuevas universidades, y el control y adoctrinamiento
político al cual se están viendo sometidos estudiantes y docentes
de dichas IES confiscadas; las Reformas a la Ley Nº89 de 1990 de
Autonomía Universitaria, y sus implicaciones en la reconfiguración
del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

El enfoque de investigación utilizado es cualitativo e
interpretativo. Se realizó un análisis de las fuentes historiográficas
y periodísticas consultadas. A partir de los discursos estructurantes
de la clase política, inferidos a partir de la revisión de la
documentación legislativa publicada en La Gaceta-Diario
Oficial de Nicaragua, además de la revisión de la prensa escrita
independiente, entre los años 2018-2023, y fuentes bibliográficas
referidas al caso nicaragüense. Se busca identificar eventos
claves, para la comprensión de la particular deriva autoritaria en
Nicaragua y la pérdida de la autonomía universitaria.

Daniel Ortega, antecedentes para comprender su
deriva autoritaria

Daniel Ortega Saavedra ha accedido al gobierno de la
República de Nicaragua, en cinco oportunidades. La primera de
ellas entre los años 1985 a 1990. La segunda, a partir de 2006 a la
fecha, siendo reelegido consecutivamente en 2011, 2016 y 2021.
Se debe precisar que, aunque el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), perdió la presidencia en 1990 frente a la Unión
Nacional Opositora (UNO), coalición política de 14 partidos que
llevó a la presidencia de Nicaragua a su abanderada, Violeta Barrios
de Chamorro, esto no significó que Ortega y el FSLN, abandonaran
la arena política, ni su injerencia y representación en la Asamblea
Nacional nicaragüense.

16 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

Al respecto, el FSLN, en las elecciones de 1990, logró 39
de los 92 escaños en disputa; 36 y 38 curules en los periodos de
1997-2002 y 2002-2007 respectivamente. Desde 2007, a la fecha,
dicha representación del FSLN se ha incrementado sustancial y
mayoritariamente en términos porcentuales: 41,3%; 68,8%; 77,1%
y; 83,3%. Más aún, desde 2000, e incluso antes de dicho año,
Ortega y su partido político, el FSLN, han tenido una especial
participación en la construcción de un marco político-jurídico, a
través de pactos o alianzas que no sólo posibilitaron el retorno de
Ortega y FSLN al poder, sino que también garantizaron, a la postre,
su permanencia en el gobierno.

En 2000, Daniel Ortega y el presidente Arnoldo Alemán
Lacayo, máximo líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC),
en una relación “contra natura” (Ruiz Seisdedos y Blázquez
Vilaplana, 2007, p. 27), acordaron una serie de modificaciones
legislativas. Por ejemplo, posibilitaron modificar la Ley Electoral
de 1995 que impedía la elección presidencial en primera vuelta a un
candidato que obtuviera menos del 45% de los votos, rebajándola
solamente al 35% de los votos, siempre y cuando, existiera una
diferencia igual o superior al 5% respecto de la segunda candidatura
más votada (Martí I Puig, 2016). Esta reforma, votada en 2000,
facilitó en 2006, la reelección de Daniel Ortega como presidente
de Nicaragua (Collombon, 2019), quien obtuvo el cargo con solo el
38% de los votos.

A partir de 2006 la influencia del FSLN se fue incrementando
al interior de las estructuras de la institucionalidad nicaragüense,
mediante una serie de reformas, por ejemplo, la del sistema
electoral, que permitió al sandinismo y a Ortega, colonizar dicho
sistema, asegurándose elecciones no competitivas para establecer
así su hegemonía política. La reforma de la Constitución Política
del Estado en 2014, posibilitó aumentar y reforzar los poderes
presidenciales, eliminar las restricciones para la reelección
indefinida del mismo, además de incrementar el control sobre
otras instituciones del Estado, por ejemplo, el poder judicial y
las fuerzas armadas y, con ello, fagocitar la totalidad del sistema
político y electoral nicaragüense: “Nicaragua es el único país
latinoamericano en que ha visto derrumbarse la credibilidad en
la vía electoral como mecanismo cívico para cambiar gobierno”
(Martí I Puig, 2016, p. 246).

Al respecto, Salvador Martí I Puig (2013) plantea que en
Nicaragua la democracia de tradición liberal representativa se
ha erosionado a partir de 2012, con la instalación de un tipo de

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régimen político híbrido, de corte bolivariano, caracterizado por
su híper-presidencialismo, con un contradictorio y permanente
discurso “que apela a la radicalidad democrática y que desprecia
de los preceptos liberales de la misma, una práctica que ha
residualizado la presencia de la oposición en las instituciones y en
la calle” (Martí I Puig, 2013, p. 283).

Entre 2006 y 2018, el gobierno de Ortega generó una
serie de alianzas corporativas con sectores empresariales y
religiosos, orientadas a fortalecer un discurso pacifista y de
unidad nacional con la finalidad de financiar programas sociales
para forjar el clientelismo político y con ello, el autoritarismo y
el control electoral (Monte y Gómez, 2020). Aunque enarbolando
una narrativa “antimperialista”, Ortega no impuso un modelo
estatista, sino que fortaleció la libre empresa y sus compromisos
con el sector privado (Ortiz de Zárate, 2016). De esta manera logró
que dichas élites económicas se transformaran en sus cómplices y
más férreos defensores, así como también lo fueron instituciones
de financiamiento internacional como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) (Fernández, 2023).

Teniendo como soporte dichas alianzas corporativistas con
los grandes capitales, las iglesias y organizaciones de la sociedad
civil, todo bajo “una cosmética liberal democrática” (Martí I Puig,
2021, p. 1), Ortega pudo dar cierta credibilidad y apoyo popular
a su gobierno. Sin embargo, todo ese dispositivo corporativista
de aparente democracia colapsó en 2018, cuando las protestas
ciudadanas fueron reprimidas violentamente y sus participantes
perseguidos, algunos de ellos encarcelados y/o expatriados, hasta
el presente. Además, esto fue seguido de una “progresiva crisis
económica y la negación de derechos políticos, civiles y garantías
fundamentales” (Monte y Gómez, 2020, p. 2).

Martí I Puig y otros (2022) postulan que el gobierno de
Daniel Ortega ha logrado mantenerse en el poder y desincentivar
cualquier acción que pueda poner en riego a su administración
mediante un marco legal, implementado una serie de proyectos
legislativos, entre los cuales están los siguientes: la aprobación de
la Ley Especial de Ciberdelitos (2020); Ley de Regulación de Agentes
Extranjeros (2020); Ley de defensa de los derechos del pueblo a
la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz
(2020); y la reforma al artículo 37 de la Constitución Política (2021)
que impuso la prisión perpetua y la Ley 406 del Código Procesal
Penal (2021), que incluyeron respectivamente: la inclusión de la

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cinco hechos para la reflexión

categoría de “crimen de odio” y la extensión a 90 días, el máximo de
tiempo de detención sin formulación de cargos. En otras palabras,
un atentado al principio de presunción de inocencia. Según Martí
I Puig et al. (2022, pp. 389, 402), “la rápida aprobación de estas
leyes, reformas, adiciones y modificaciones fueron posibles gracias
a que el legislativo ya estaba absolutamente capturado por el
régimen…”, cuestión que permite afirmar que con las medidas
implementadas “se ha producido un cierre autoritario donde ya no
quedan dudas sobre qué tipo de régimen es Nicaragua”.

A partir de 2021, el gobierno de Ortega ha llevado a cabo
una serie de acciones de fuerza con tintes claramente autoritarios,
entre ellas, el encarcelamiento y destierro de sacerdotes y religiosas
(López, 2023); la condena a 26 años del obispo de Matagalpa,
Rolando Álvarez (Selser y Sherman, 2023); la ilegalización de más
de 3.000 ONGs (Castillo, 2023); además ha realizado detenciones
arbitrarias, tortura, asesinatos, deportaciones, persecuciones y
la confiscación de bienes a miles de nicaragüenses, entre otras
violaciones a los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2023); la
expropiación de empresas y el encarcelamiento y destierro de
empresarios acusados de “somocistas”, “ladrones”, “traidores”
y “cobardes” (Miranda, 2023); allanamientos, confiscación de
equipos e instalaciones periodísticas, encarcelamiento y expulsión
de periodistas de la prensa independiente (Organización de
Estados Americanos [OEA], 2023) y, recientemente la intervención
del Poder Judicial, la destitución de su presidenta Alba Ramos y el
encarcelamiento de varios de sus funcionarios (Barrientos, 2023).

Para Elvira Cuadra Lira (2022), el autoritarismo de Daniel
Ortega está basado en un tipo de poder personal y familiar, al modo
de una “dinastía autoritaria” (Cuadra Lira, 2022, p. 65) que se
caracteriza por una alta concentración del poder, el debilitamiento
de aquellos que puedan representar una amenaza para dicho poder,
a través de cambios y/o reformas a la institucionalidad vigente,
subordinándolas a sus intereses. Todo lo que no es más que un
autoritarismo camuflado en una aparente formalidad y legitimidad
democrática. En este autoritarismo, que Miranda Delgado (2020)
identifica como un autoritarismo legalizado, “las leyes son un
instrumento para transformar sus abusos y excesos en formas y
actuaciones legalmente justificadas y el Estado es la expresión
jurídica de la hegemonía autoritaria” (Miranda Delgado, 2020,
p. 33), ha derivado en una sistemática y progresiva política de
persecución y anulación de libertades ciudadanas, especialmente
de opositores y de la prensa en general, implementando “nuevas
leyes amenazadoras contra la disidencia … la intimidación a

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personas opositoras y despidos arbitrarios de funcionarios no leales
al régimen” (Novak y Namihas, 2022, p. 98). Esto ha permitido a
Ortega concentrar la totalidad de las formas de poder, lo que ha
venido a consolidar, de forma dramática y al parecer sin retorno,
un “régimen autoritario y represor” (Martí I Puig et al., 2022, p.
385).

Desde fines de 2021, el gobierno de Ortega ha arremetido en
contra del subsistema universitario nicaragüense. Dicha arremetida
se ha concretizado a partir de dos acciones concretas. En primer
lugar, la ilegalización de cerca de una treintena de Instituciones de
Educación Superior (IES) y, en segundo lugar, a través de la reforma
a la Ley Nº89, Ley de Autonomía de la Instituciones de Educación
Superior de 1990, mediante dos procesos consecutivos: la Ley
Nº1114, del 5 de abril de 2022, publicada en la Gaceta-Diario Oficial,
el 06 de abril del mismo año; y la Ley Nº1176, del 30 de noviembre de
2023, publicada el 06 de diciembre. Estas acciones constituyen una
clara advertencia a instituciones, autoridades y otros miembros de
las comunidades universitarias, de las consecuencias que les traería
cualquier iniciativa que a juicio de la autoridad política pueda ser
considerada o interpretada como atentatoria de su estabilidad. Lo
anteriormente expuesto se considera esencial, puesto que la sola
ilegalización y confiscaciones de IES, no garantiza por sí misma al
gobierno de Ortega el necesario control de dichas instituciones
ante nuevos o posibles cuestionamientos a su gobierno.

Hecho 1: La ilegalización de 29 instituciones de
Educación Superior

De diciembre de 2021 a septiembre de 2023, el Estado
nicaragüense ha ilegalizado a 29 Instituciones de Educación
Superior. De éstas, 23 han sufrido la cancelación de su personalidad
jurídica, mientras que a las otras 6 les fue cancelado su número
de registro de funcionamiento. Se estima que, del total de
universidades ilegalizadas, el 50% de ellas han sido objeto de la
confiscación de sus instalaciones, además del resto de sus bienes y
activos institucionales.

La primera universidad en sufrir la cancelación de su
personalidad jurídica fue la Universidad Hispanoamericana
(Uhispam), ilegalizada el 13 de diciembre de 2021. La última, el
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE
Business School), a quien le fue cancelado su número de registro
de funcionamiento el 25 de septiembre de 2023.

20 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

Oficialmente, el gobierno nicaragüense ha justificado
la ilegalización de las 29 instituciones de educación superior
aludiendo a causales administrativas, académicas y financieras.
Con respecto de la calidad de los servicios educativos prestados,
se argumentó lo siguiente: programas académicos no autorizados
ante el CNU, dictación de carreras no acreditadas, no reporte de
estados financieros en los respectivos periodos fiscales, informes
financieros con irregularidades, entre otros. De lo anterior dan
cuenta cada uno de los Decretos asociados a la cancelación de la
Personalidad Jurídica de las 23 Universidades citadas en el Cuadro
Nº 1, con una sola excepción; los fundamentos para el cierre de la
Universidad Centroamericana. Efectivamente, el texto del Acuerdo
Ministerial Nº104-2023-OSFL, publicado en La Gaceta Diario Oficial
Nº151, el 18 de agosto de 2023, dice expresamente que la UCA “sirvió
como un centro de terrorismo, para elevar los niveles de violencia
y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y
encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país…” (La
Gaceta, 2023a, p. 7335). En ningún otro Decreto, de Cancelación
de Personalidad Jurídica, o Cancelación de Número de Registro, se
consignan razones de violencia, terrorismo, alteración del orden
público, etc. Por último, del total de universidades ilegalizadas,
a 11 de estas les fue cancelada su personalidad jurídica con fecha
anterior a la publicación de la Ley 1114, del 06 de abril de 2022,
que vino a reformar la Ley nº89 (autonomía universitaria).

Para la prensa independiente nicaragüense y para medios
de comunicación extranjeros, el cierre de las 29 IES responde a
una política de represalia, a raíz de las movilizaciones ciudadanas
de abril a julio de 2018, que el gobierno nicaragüense estimó y
consideró como gestadas intelectualmente y coordinadas desde el
interior de ciertas universidades (INFOBAE, 2023; Triviño, 2023).
Estas movilizaciones, además de incrementarse en intensidad,
derivaron en una demanda social de mayor radicalidad: pedir que
Daniel Ortega dejara la presidencia (Redacción BBC, 2018) a quien
acusaron “de represión y violación de los derechos humanos en sus
once años al frente del país” (El Economista, 2018, párr. 1) y de
“promulgar un gobierno dinástico y autocrático junto a su esposa
… quien se desempeña como vicepresidenta (y otros familiares
que) controlan las empresas y los medios de comunicación
progubernamentales” (McDonnell, 2018, párr. 11).

Ernesto Medina, ex rector de la de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y de la Universidad
Americana (UAM), entrevistado por Gabriela Selser, periodista de

21TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

The Associated Press, dijo al respecto: “Daniel Ortega nunca les
va a perdonar a los jóvenes y a las universidades que hayan sido
los protagonistas de la rebelión […] dado que las universidades
fueron el foco principal de la revuelta social de 2018, encabezada
inicialmente por estudiantes” (Selser, 2023, párr. 3).

Jacinto Suárez, exsecretario de Relaciones Exteriores del
Frente Sandinista (FSLN), fallecido en 2020, consultado por BBC
Mundo durante la primera semana de mayo de 2018 acerca de
cómo explicaría las jornadas de protesta ciudadana, respondió:
“Como una conspiración … patrocinada y pagada por el gobierno
de Estados Unidos … los miles de dólares que manejan, lavados a
través de ONGs … Ya han entregado buenas cantidades de dinero a
dirigentes y a grupos” (López, 2018, párr. 8). En resumen, Suárez
postula que las movilizaciones estudiantiles, son parte de una
conspiración. Que éstas, poco o nada tienen que ver con la reforma
del sistema de pensiones, sino más bien, se han transformado en
una excusa, en un pretexto, cuyo objetivo es la destrucción del
poder del Estado. Además, que pese a que el gobierno retiró el
proyecto de reforma de pensiones3, han utilizado y manipulado
temporalmente a un sector de estudiantes y de universidades,
muchas de las cuales han vuelto a la normalidad, no así, deja en
claro Suárez, dos universidades que han mantenido su activismo:
“la UPOLI y a la UCA, que son dos universidades prácticamente
privadas, aunque tienen fondos estatales, pero ellos tienen una
oposición contra el gobierno” (López, 2018, párr. 21).
Hecho 2: El impacto de la ilegalización en el subsistema
de Educación Superior

Conforme a la Ley Nº 582, General de Educación, del 22 de
marzo de 2006, el Sistema Educativo de Nicaragua se estructura en
cinco subsistemas de educación (La Gaceta, 2006, p. 6507):

a) Subsistema de la Educación Básica, Media y formación
docente.
b) Subsistema de Educación Técnica y formación profesional.
c) Subsistema de Educación Superior.
d) Subsistema Educativo Autonómico Regional de la Costa
Caribe Nicaragüense (SEAR).
e) Subsistema de Educación Extraescolar.

3 El citado Proyecto de Reforma de Pensiones fue retirado el 22 de abril de
2018

22 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

En el caso del subsector de Educación Superior, está
conformado por universidades estatales, comunitarias e
interculturales, universidades privadas, centros de educación
técnica superior, y centros e institutos de estudios e investigación
creados por Ley y facultados para emitir títulos y grados académicos
(La Gaceta, 2022b, p. 3787).

En 1990, el número de IES, solamente alcanzaba a 8
instituciones (La Gaceta, 1990, p. 825) a saber: Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEÓN)(1812); Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)(1982);
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) (1983); Universidad
Nacional Agraria (UNA) (1990); Universidad Centroamericana
(UCA)(1960); Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)(1977);
Universidad Internacional Antonio de Valdivia (UNIAV) (1951);
Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco Presbítero Luis
Francisco Espinoza Pineda (UCATSE) (1982). Las cuatro primeras
universidades estatales y las últimas cuatro privadas.

A partir de 1991, dicho número se incrementó notablemente.
Durante la última década de los años 90, obtuvieron su personalidad
jurídica 20 IES, de las cuales 3 tenían carácter estatal y 17 eran
privadas. Luego, desde 2000 hasta 2020, fueron legalizadas 23
nuevas universidades privadas y solamente 1 universidad estatal.
Es decir, desde 1991 a 2020, de las 44 IES legalizadas, solamente 4
de ellas fueron de carácter público mientras que las 40 restantes
fueron instituciones privadas. Esto significa que, hasta 2020, el
90% de las universidades legalizadas en Nicaragua eran privadas
(OSFL). Si se considera a las instituciones legalizadas, anteriores
a 1990, las IES de carácter privado alcanzarían la cantidad de 44
universidades.

Lo expuesto hasta aquí permite percibir la magnitud de lo
ocurrido en Nicaragua desde 2021 a la fecha, con la cancelación de
la personalidad jurídica a 23 universidades privadas. El gobierno
nicaragüense en 21 meses ilegalizó al 52% de las Instituciones
de Educación Superior de carácter privado. Ahora bien, si se
considera el total de 52 IES, tanto privadas como estatales (44
privadas y 8 públicas), anteriores a 1990 y desde 1991 hasta 2020,
con personalidad jurídica vigente a diciembre de 2021, el gobierno
de Ortega en 21 meses habría desmantelado al 44% del subsistema
de educación superior.

23TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

Hecho 3: Creación de cinco universidades nacionales
Desde el 07 de febrero de 2022 al 18 de agosto de 2023,

sobre los activos de algunas de las IES ilegalizadas y confiscadas,
el gobierno de Daniel Ortega creó cinco nuevas universidades
nacionales: La Universidad Nacional Politécnica (UNP); la
Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés
(UNMRMA); la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda
(UNFLEP); la Universidad Nacional Padre Garpar García Laviana
(UNPGGL) y la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. El detalle de
lo anterior sería el siguiente:

a. La infraestructura de la UPOLI fue entregada a la
Universidad Nacional Politécnica (UNP), creada el 7
de febrero del 2022, según Ley A.N. Nº1109, publicada
en La Gaceta Diario Oficial Nº25 el 08 de febrero del
mismo año, quien la sucedió legalmente sin solución de
continuidad (La Gaceta, 2022, p. 1709).

b. La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo
Morales Avilés (UNMRMA), fue creada el 07 de febrero
de 2022, según Ley A.N. Nº1110 publicada en La Gaceta
Diario Oficial Nº 25 del 08 de febrero de 2022 (La Gaceta,
2022a, p. 1711). La creación de la (UNMRMA) fue
llevada a cabo en base a la fusión de la infraestructura
y estudiantado de las siguientes instituciones:
la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), la
Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios
(UNEH); la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC);
la Universidad Paulo Freire (UPF).

c. La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda
(UNFLEP), Ley Nº1108, publicada en la Gaceta-Diario
Oficial Nº25 del 08 de febrero de 2022, fue creada con
base en el estudiantado y patrimonio de la Universidad
Católica del Trópico Seco (UCATSE).

d. El 22 de marzo de 2023, fue creada la Universidad
Nacional Padre Garpar García Laviana (UNPGGL). La Ley
que crea esta Universidad no ha sido publicada en La
Gaceta-Diario Oficial. Pese a lo irregular de su condición,
esta universidad fusiona a las siguientes universidades
privadas ilegalizadas: Universidad Cristiana Autónoma de
Nicaragua (UCAN) y Universidad del Norte de Nicaragua
(UNN).

24 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

e. La Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Esta universidad
fue creada el 18 de agosto de 2023, a partir de la
infraestructura de la Universidad Centroamérica (UCA).
Al igual que la (UNPGGL), la Ley que crea a la Universidad
Casimiro Sotelo, no ha sido publicada oficialmente en La
Gaceta. Al 31 de octubre de 2023, a más de dos meses de
su creación, además de no existir legalmente, sus clases
tampoco han sido iniciadas (Divergentes, 2023).

Según algunos medios de prensa, la confiscación de
instalaciones de universidades privadas y la apertura, a partir del
patrimonio creado de estas, de universidades nacionales (estatales),
ha sido un muy buen negocio para el gobierno sandinista; con
ganancias millonarias, a costa de los miles de estudiantes de las
universidades confiscadas que se han visto obligados a pagar sus
respectivos aranceles para poder continuar sus estudios, en las
ahora nuevas universidades creadas por el gobierno de Ortega.
Dicha situación genera interrogantes. Johana Tórrez, rectora de
la recién creada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo
Morales Avilés, en una charla informativa a estudiantes de la ex
Universidad Humanística (UNEH), explicaba a los estudiantes
que aunque la universidad es estatal debían seguir pagando sus
respectivas mensualidades como aporte momentáneo para pago
del “salario de docentes y mantenimiento de instalaciones”, en
tanto la universidad pueda ajustar su presupuesto “que permita
cubrir todos los gastos, de modo que se garantice una educación
superior gratuita” (Consejo Nacional de Universidades [CNU],
2022, párr. 16).

Según la redacción del diario digital Confidencial (2023),
por concepto de pago de aranceles los ex estudiantes de la IES
confiscadas cancelan al Estado de Nicaragua aproximadamente
USD 9,25 millones. Ramona Rodríguez (2023), presidenta del
CNU, citada por Confidencial, respecto del cobro de aranceles a
los ex estudiantes de IES confiscadas, explicó que dicho cobro se
realiza al objeto de “garantizar el pago de los docentes y gastos
administrativos de las universidades”, sin embargo, añade la
redacción de Confidencial, “aún se desconoce cómo usan este
dinero porque no se ha publicado el informe de rendición de
cuentas 2022” (Redacción Confidencial, 2023a, párr. 3). Detrás
de la confiscación de universidades, según Despacho 505 (2023),
“se esconde una operación económica que se cuenta en millones”
(Despacho 505, 2023a, párr. 1)

25TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

Los universitarios se percataron que, una mañana
eran estudiantes de una universidad privada, en la
que pagaban mensualidades de 25 dólares las más
baratas hasta 40 las más caras, y al día siguiente, eran
universitarios de una institución superior pública, del
Estado, pero pagando lo mismo. (Despacho 505, 2023a,
párr. 46)

Hecho 4: Control y adoctrinamiento político
El cierre de las universidades privadas también ha servido

al gobierno de Daniel Ortega, para aumentar la cantidad de
universidades públicas con la finalidad de utilizarlas como espacios
de proselitismo, adoctrinamiento y control partidario afines al
sandinismo, cuestión que no sólo ha afectado a los estudiantes,
sino también a los académicos y funcionarios de las universidades
privadas confiscadas (Redacción Confidencial, 2023b).

La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN),
organización gremial fundada en 1914, se define como una
“organización gremial legalmente constituida, amplia,
democrática, participativa y representativa … la única
organización que representa de manera oficial los intereses
estudiantiles ante las instituciones Docentes y Administrativas,
ante las organizaciones de masas y sociales” (La Gaceta, 2007, p.
5984). En los hechos, la UNEN después de los sucesos de 2018 se
habría transformado en la agencia de operaciones, de vigilancia
y control político más efectivo al interior de las universidades. Al
respecto, la ONG Aula Abierta, en el informe “Adoctrinamiento
y proselitismo político en las universidades en Nicaragua como
violación a la libertad académica”, luego de recoger una serie
de testimonios de estudiantes, académicos, funcionarios y otros
actores de la educación superior nicaragüense, concluye respecto
del adoctrinamiento político en las universidades, que este se ha
llevado a cabo por las autoridades, las que han propiciado cursos
de adoctrinamiento, proselitismo y censura, como cómplices de la
UNEN “dentro de los campus universitarios para que ésta funcione
como brazo represor del Estado nicaragüense” (Aula Abierta, 2023,
p. 7).

El poder de la UNEN no solo se reduce al control de las ideas
y actuaciones de los estudiantes, sino que también incluye a los
académicos, decanos y cualquier otro miembro de la comunidad

26 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

universitaria. Las cátedras y las decanaturas necesitan del voto de
la dirigencia universitaria. Es el liderazgo de cada grupo de clase
(curso) quien junto con el voto de los docentes de planta deciden
sobre quien ocupará el cargo de decano(a). Siendo dicha dirigencia
mayoritaria, en la práctica, la UNEN decide las decanaturas. A la
inversa, así como los decanos necesitan del voto de los dirigentes
de la UNEN, estos se hacen merecedores de una serie de privilegios:
“Cargos administrativos, plazas como docentes y maestrías, son
algunas de las prebendas que las autoridades universitarias ofrecen
a la dirigencia de UNEN” (Padilla, 2021, párr. 10).

De acuerdo con la ONG Aula Abierta, el adoctrinamiento
político se ha visto incrementado con la confiscación de universidades
privadas. Los estudiantes de dichas universidades se han visto
obligados a tomar cursos de inducción a la vida universitaria,
conferencias y otras actividades de adoctrinamiento político,
orientadas a demostrar cómo las manifestaciones de 2018 fueron
planeadas y manipuladas por activistas en contra del gobierno de
Ortega (Aula Abierta, 2023). Por otra parte, cualquier actuación
de los estudiantes que manifieste algún tipo de discrepancia
respecto del discurso oficial, es controlada y vigilada por la
dirigencia de la UNEN. Estudiantes y docentes deben someterse
sumisamente al control ideológico del estado para no poner en
peligro la fuente laboral o la seguridad personal y, en el caso de los
estudiantes, evitar represalias administrativas y académicas como
aplazamiento de defensa de tesis, expulsiones, y otras medidas
que puedan obstaculizar la continuidad de estudios universitarios.
Una exestudiante, de la confiscada UPOLI, citada por el periódico
digital Despacho 505 (2023b) sin revelar su identidad para evitar
represalias en su contra, dice:

Cuando entra a su recinto lo primero que observa es
un mural con información sobre el “buen gobierno”.
El lugar ha sido tapizado con banderas rojinegras y
los actos académicos son en realidad una especie de
culto ‘en el que en todo momento invitan a docentes
y estudiantes para “dar gracias al comandante”, como
le gusta ser llamado el dictador Daniel Ortega. (párr. 2)

El control gubernamental ha ido más allá de las ideas o
posturas disidentes, se ha extendido a los planes y contenidos
curriculares, al historial académico y personal de los docentes,
así como a los contactos y viajes al extranjero de los mismos;
incluso, han sido objeto de vigilancia telefónica. Alexander

27TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

Reyes, del Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica
y la Calidad Educativa, entrevistado por República 18, medio de
noticias digital nicaragüense, asegura: “Con las personas que
hemos conversado, tanto docentes como estudiantes, sienten que
los están escuchando” (República 18, 2023, párr. 34).

Hecho 5: Las Reformas a la Ley Nº89 de 1990, Autonomía
Universitaria, y reconfiguración del Consejo Nacional
de Universidades (CNU)

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) fue creado en
el marco de la Ley nº89, Ley de Autonomía de las Instituciones de
Educación Superior, del 5 de abril de 1990, publicada en La Gaceta
Diario Oficial, 20 de abril del año citado. El marco legal determinaba
los miembros que lo constituían, sus funciones y atribuciones, entre
otros, y constaba de 14 artículos. El artículo 56º, de la citada Ley
Nº89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior,
definía al CNU como un “órgano de coordinación y asesoría de
las universidades y centros de Educación Técnica Superior…” (La
Gaceta, 1990, P. 832). Este estaría integrado por los rectores de
universidades, además, incluiría a: 1 representante de los centros
de Educación Técnica Superior; 1 representante de la Unión de
Estudiantes de Nicaragua, además del secretario general del
sindicato de docentes y del secretario general de los trabajadores
del subsistema universitario (La Gaceta, 1990).

Las Leyes, Nº1114, del 5 de abril de 2022 y, la Ley Nº1176
del 30 de noviembre de 2023, ambas de Reforma a la Ley Nº89
de 1990, entre otras modificaciones, cambiaron la estructura, las
funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Universidades
(CNU). Entre dichas modificaciones, se destacan las siguientes:

a. La Ley Nº1114 de 2022, redefinió al CNU como un “órgano
del Estado”, es decir, ya no como un mero órgano de
coordinación y asesoramiento a las universidades, como
lo especificaba la Ley Nº89 de abril de 1990.

b. Además, le entregó la responsabilidad de definir y
articular las políticas y estrategias de desarrollo de la
educación superior, en su condición de Órgano Rector de
todo el subsistema (La Gaceta, 2022b, p. 3787)

c. Ley Nº1176 del 30 de noviembre de 2023, mantuvo la
condición del CNU, como “órgano rector del Subsistema
de Educación Superior”, pero le añadió una estructura
superior denominada “Consejo de Dirección” integrado

28 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

por un Presidente(a), un Vicepresidente(a) y, un
Director(a) Ejecutivo “nombrados por la Presidencia
de la República por un período de 5 años” (La Gaceta,
2023c, p. 14590). Esta modificación implicará un cambio
profundo para el carácter autónomo universitario, en
primer lugar, porque el nombramiento de estos será
potestad presidencial y, en segundo lugar, por las 14
atribuciones que tendrá dicho Consejo de Dirección,
entre las cuales están las siguientes:

i. Proponer al CNU los nombramientos de todas
las autoridades y académicos (y la remoción de
estos últimos);

ii. Proponer la modificación, el cierre de carreras
o la creación de nuevas carreras con sus
respectivos planes de estudio.

iii. Prevenir y resolver conflictos, formular y
evaluar las políticas y objetivos institucionales,
aprobar el calendario académico, proponer
políticas de ingreso y aranceles asociados (La
Gaceta, 2023c, pp. 14588-14589)

d. Como vemos, la Ley Nº1176 de 2023 modificó
radicalmente el eje de la autoridad y facultades
universitarias. Hasta la Ley Nº1114 de 2022, recaían en
las propias IES que podían gobernarse y gestionarse,
además de poder nombrar, a propuesta de sus respectivos
Rectores, los Vicerrectores y Secretarios Generales y
aprobar sus propios presupuestos (La Gaceta, 2022b, p.
3787), atribuciones que correspondían a sus Consejos
Universitarios.

e. Por otra parte, la Reforma Nº1176 de 2023, incorpora 10
funciones específicas al CNU, entre las cuales se destacan
la creación, administración, regulación y la cancelación
de universidades estatales, así como autorizar, regular,
evaluar y cancelar carreras de pregrado y programas de
posgrado de la totalidad de las IES (La Gaceta, 2023c, p.
14592)

f. Con la Ley Nº1176 de 2023, fue incorporado el Rector(a)
de la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, con lo
cual el CNU, quedó conformado por 11 Rectores. Pero,
a diferencia de la reforma Ley Nº1114 de 2022, a partir
de la reforma de 2023 el CNU, solamente tendrá un
carácter “consultivo” (La Gaceta, 2023c, p. 14590). La
conformación del mencionado órgano será de la manera
siguiente:

29TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

1. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León (UNAN-León);

2. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN-Managua);

3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI);
4. Universidad Nacional Agraria (UNA);
5. Universidad Nacional Politécnica (UNP);
6. Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza

Pineda;
7. Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo

Morales Avilés;
8. Universidad Nacional Casimiro Sotelo

Montenegro
9. Las comunitarias/interculturales:

a. Bluefields Indian and Caribbean University
(BICU);

b. Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

c. Una universidad privada designada por el
CNU

A los miembros ya señalados, se le integran otros tres: el
presidente(a) de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
(UNEN); el Secretario(a) General de la Federación de Profesionales
Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES); el
secretario(a) General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores
Universitarios de Nicaragua (FESITUN) (La Gaceta, 2023c, p. 14591).
Esto implica que el CNU quedará mayoritariamente conformado
por IES estatales, cuestión que provoca varias interrogantes.

En primer lugar, si las universidades Nacional Politécnica
(UNP); Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) y;
Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA),
obtuvieron su personalidad jurídica el 07 de febrero de 2022 (Ley
A.N. Nº1109; Ley A.N. Nº1108; Ley A.N. Nº1110, respectivamente),
(La Gaceta, 2022a): ¿cómo lograron cumplir, con todos los requisitos
de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación (CNEA), a febrero de 2022, sin haber dado inicio a
gestión académica alguna?

La misma interrogante surge respecto de la Universidad
Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la cual recién iniciará
actividades académicas el 15 de enero de 2024 (Buitrago, 2023).
Es decir, forma parte del Consejo Consultivo del CNU, sin haber
iniciado sus actividades académicas.

30 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

Respecto de las inconsistencias recién referidas, el ex rector
de la de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
León) y de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, en
entrevista dada al periódico digital Despacho 505 (2023b), respecto
de la justificación gubernamental para el cierre de universidades,
aduciendo incumplimiento de calidad, aseguramiento de la misma,
y otras problemáticas, se pregunta:

Si estas universidades tenían tantos y tan graves problemas
que obligaron a cerrarlas, ¿cómo es posible que en una
semana o diez días después, esas mismas universidades
vuelvan a funcionar con los mismos profesores, mismos
planes de estudios? Es imposible en ese tiempo tan corto
transformar una universidad si los problemas eran tan
graves. (párr. 14)
Las evidencias recogidas desde los medios de comunicación

y desde las fuentes bibliográficas, al ser analizadas permiten
confirmar que la deriva autoritaria legalizada del gobierno de
Daniel Ortega utilizando leyes ad hoc, ha conducido a la pérdida
de la autonomía de la Universidades en Nicaragua.

Conclusión
El aporte específico de esta investigación ha sido evidenciar,

a través de cinco hechos de reflexión, el coherente, progresivo y
sistemático actuar, por parte del gobierno de Daniel Ortega, en
contra de la autonomía universitaria. Dichos hechos, no deben
ser vistos como carentes de consistencia interna, y de coherencia
externa, respecto de un proceso social y político más amplio.
Los mismos, deben ser leídos como explicitaciones concretas
y conducentes a un objetivo que va más allá del mero control
hegemónico de la educación superior. Postulamos, son parte
integral de un objetivo político más amplio: asegurar la hegemonía
futura del FSLN, en la totalidad de las estructuras socio políticas
del Estado Nicaragüense, así como garantizar, la continuidad
dinástica de la familia de Daniel Ortega, en el liderazgo político
de dicho Estado.

En su conjunto, los cinco hechos, permiten aproximarnos a
la complejidad del actual proceso sociopolítico, que experimenta
Nicaragua y que afecta, no sólo a la educación superior, sino
que se extiende a otras instituciones de la sociedad civil, y del
propio Estado, como es el caso del poder judicial. Cada uno de los
cinco hechos expuestos y reflexionados, ameritan por sí mismos,

31TEORÍA Y PRAXIS No.44 Vol. 1 enero-junio 2024

su propia profundización y análisis en extenso. Sin lugar a duda,
por ejemplo, la ilegalización y confiscación de la UCA ofrece
características y detalles jurídicos únicos respecto de las otras
IES ilegalizadas y confiscadas. Asimismo, el impacto que tendrá la
implementación efectiva de la Ley Nº1176 del 30 de noviembre de
2023, que vino a reformar la Ley nº89 de 1990, para la autonomía
universitaria, es una situación que exige seguimiento tanto en sus
efectos inmediatos como proyecciones futuras.

Lo anterior, porque la Ley 1176 de 2023, a partir de su
promulgación, significó otorgar legalmente a la presidencia
nicaragüense el control absoluto sobre las universidades Nacionales,
Autónomas y Comunitarias/Interculturales, pues será el Jefe de
Estado quien nombrará a los rectores, vicerrectores y directores
ejecutivos de las IES referidas. Más aún, con el recién creado
“Consejo de Dirección” y las atribuciones dadas a este organismo,
como nueva instancia rectora al interior de las IES estatales, el
gobierno no sólo ha ilegalizado y confiscado recintos de Educación
Superior, sino que también ha diseñado e implementado un marco
legal para dar fundamento jurídico a su esfuerzo de control y
sometimiento de las IES.

El partido político gobernante, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), posee 75 de los 90 escaños de La
Asamblea Nacional. El FSLN tiene el control, a través de la UNEN,
de la totalidad de las organizaciones sindicales y/o sociales de
estudiantes, de trabajadores y docentes de la educación superior.
De igual modo, aumentó su grado de injerencia sobre el CNU y
sobre el CNEA, instituciones que han venido operando conforme a
instrucciones del gobierno y la Asamblea Nacional.

Por otra parte, se puede concluir que la ilegalización y
confiscación de recintos de educación superior nicaragüenses es
parte de una racionalidad política que busca eliminar, o a lo sumo,
cooptar, todo tipo de competencia refractaria a los intereses del
proyecto político personal de Daniel Ortega. Postulamos, se trata
de una estrategia político-educativa orientada a reconfigurar el
subsistema de educación superior, incrementando el poder control
del mismo por parte del FSLN, dotando al subsistema universitario
de un mayor número de instituciones estatales y de estudiantes,
sometiendo a las universidades privadas que aún permanecen
legalizadas en Nicaragua. El sometimiento de la institucionalidad
universitaria nicaragüense y la pérdida de la autonomía de las
Instituciones de Educación Superior es una realidad indesmentible
con hechos consumados. A partir de esto, es válido preguntarse
¿qué ocurrirá con la sociedad y la cultura nicaragüense en los
próximos años?

32 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
cinco hechos para la reflexión

La negociación política será la fórmula a través de la cual
Ortega Saavedra intentará confirmar y legitimar socialmente el
cierre y confiscación de las instituciones de educación superior
ilegalizadas. Para tal efecto, será necesario contar con la
cooperación de las casi 30 instituciones universitarias privadas con
personalidad jurídica vigente, de las cuales, un tercio de ellas,
a noviembre de 2023, no contaban con su respectiva Resolución
de Acreditación por parte del CNEA. Todo proceso político se
concretiza a través del desenvolvimiento de un flujo negociado
de poder, entre actores concretos, que actúan dentro de redes
de cooperación y de antagonismo, en defensa real o aparente
de sus particulares intereses. Al respecto, se debe considerar
que algunas de las universidades privadas son también parte de
la institucionalidad del Estado, es el caso del Instituto de Altos
Estudios Judiciales (IAEJ); Instituto de Estudios de Investigación
Jurídica (INEJ) y la Universidad de Defensa de Nicaragua “4 de
mayo” (UDENIC), por citar algunos casos.

Desde nuestra perspectiva, la limitación más relevante de
esta investigación es no haber incluido el debate político generado
al interior de la Asamblea Nacional. Este es parte integral del
proceso estudiado y explica, desde la racionalidad del Estado,
por ejemplo, el cierre, la confiscación de recintos universitarios
y la reconfiguración de estos a instituciones de carácter público.
Sin duda, todo proceso socio político se explica a partir de su
correspondiente debate. El análisis en detalle del debate, del
discurso político y de sus lógicas argumentativas, ciertamente
permitirá dar mayor profundidad a la comprensión del actual
proceso político y social en curso en Nicaragua, así como de sus
derivaciones futuras.

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34 La pérdida de autonomía de las universidades nicaragüenses:
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