TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
55
No.
SSN 1994-733X, Editorial Universidad Don Bosco,
año 19, No.38, enero-junio de 2021, p.55-73
ISSN 1994-733X, Editorial Universidad DonBosco,
year 19, No.38, january-june 2021, p. 55-73
38
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la
Finalización del Estatus de Protección Temporal
entre Salvadoreños en los Estados Unidos
Joseph L. Wiltberger
1
Resumen
La decisión del gobierno de Estados Unidos en 2018 de suspender el Estatus
de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños desplazaría a muchos que
han vivido en Estados Unidos por décadas. El TPS ha sido aprobado de forma
consecutiva a lo largo de muchos años, convirtiéndolo en un estatus legal liminal
que ha llegado a parecerse a un estatus legal permanente. Este artículo analiza
los efectos desestabilizadores de esta decisión, en caso de ser implementada. Al
conceptualizar dichos desajustes y contradicciones implícitos en la suspensión
del TPS para los salvadoreños como un conicto de desplazamientos legales, este
análisis ofrece una mirada académica sobre las dinámicas políticas, económicas
y legales alrededor del TPS y sobre vivencias de legalidad liminal.
Palabras clave: migración, desplazamiento, leyes migratorias, US inmigración,
El Salvador
Abstract
The 2018 decision by the US government to terminate Temporary Protected
Status (TPS) for Salvadorans, many of whom have lived in the US for decades.
TPS has been contiguously reapproved for Salvadorans over many years, making
it a liminal legal status that has come to resemble a permanent legal status. This
paper examines the unsettling eects of this decision, should it be enforced.
Conceptualizing such disruptions and contradictions wrapped up in the ending
of TPS for Salvadorans as a conct of legal displacements, this analysis extends
scholarship on the political, economic, and legal dynamics surrounding TPS and
on the lived experiences of liminal legality.
Keywords: migration, displacement, immigration law, US immigration, El
Salvador
1
Assistant Professor Department of Central American Studies California State University, Northridge, Estados Unidos
Joseph.wiltberger@csun.edu
56
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
Introducción
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió
suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) en los EEUU para cerca de
400,000 migrantes de seis países: El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal,
y Sudán. Al permitir que los migrantes de los países afectados permanecieran en
Estados Unidos, el TPS ofrecía ayuda humanitaria a personas de países afectados
por desastres naturales devastadores, conictos y situaciones extraordinarias
que les pondrían en riesgo si regresaran. Los países seleccionados para esta
medida equivalen a casi 95% de los favorecidos con el TPS de un total de diez
países que tenían una designación de TPS cuando la nueva administración tomó
el control.
2
En respuesta, se ha movilizado la defensa a favor del TPS en todo el
país, y hay dos demandas colectivas impugnando la decisión de la administración
de suspender el TPS para los seis países, logrando una medida de prohibición
preliminar para la misma.
La decisión de suspender el TPS para los salvadoreños, la población más grande
de beneciarios del mismo, desplazaría aproximadamente 200,000 personas,
muchas de las cuales han vivido en Estados Unidos por décadas. En este
documento analizo los efectos desestabilizadores de la decisión de suspender
el TPS para sus beneciarios (a quienes me referiré de aquí en adelante como
TPSianos)
3
quienes han establecido sus vidas y familias en Estados Unidos. Se
puede entender el TPS como un estatus liminal que, como su nombre lo indica,
es “temporal,” ya que solo puede ser renovado por periodos de hasta dieciocho
meses cada vez. Sin embargo, hasta la reciente decisión de suspender su
elegibilidad para el estatus, Estados Unidos ha permitido que los salvadoreños
elegibles renueven continuamente su TPS por muchos años. Como yo concluyo
y argumento, las renovaciones a largo plazo han condicionado formas de vida
arraigadas de los TPSianos y un sentido de permanencia en los Estados Unidos,
así como sus expectativas para el futuro y la probabilidad de adquirir un
estatus legal más permanente. La decisión de suspender el TPS abruptamente
amenaza a los TPSianos y a los miembros de sus familias con desplazamiento
forzado y puede colocar a muchos en situaciones difíciles e incluso peligrosas,
contradiciendo la lógica y las realidades de permanencia que alimentan el
razonamiento y las expectativas de los TPSianos sobre la necesidad de cambiar
hacia un estatus legal más permanente.
Yo planteo que los desajustes y contradicciones implícitas en la suspensión
del TPS para los salvadoreños se puede conceptualizar como un conicto de
desplazamientos legales. Primero, desestabiliza vidas establecidas en los EEUU
con la amenaza del desplazamiento forzado legalizado y la posible separación de
2
Solo a Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen—países en crisis ampliamente conocidas como de las más graves en el mundo—les ex-
tendieron sus designaciones TPS bajo su administración. Varios de los países seleccionados para la suspensión han recibido de forma
continuada la designación de estatus TPS por períodos de duración similares: Sudán (desde 1997), y Honduras y Nicaragua (desde
1999). La designación de Haití comenzó en 2010, y la de Nepal en 2015. Como en el caso de El Salvador, la realidad de condiciones
hostiles en cada uno de estos países cuestiona la justicación de la suspensión de sus designaciones TPS.
3
Uso el nombre “TPSianos” porque así es cómo los activistas de habla hispana y los beneciarios del TPS se reeren a este grupo. Este
nombre, usado con frecuencia por los activistas y por aquellos amparados al TPS, nos recuerda que el TPS ha moldeado identidades
y vivencias a lo largo de una vida. Al contrario de terminología legalista como “titular del TPS” o “beneciarios del TPS,” la palabra
TPSianos representa de mejor forma la humanidad de la población mencionada.
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
57
miembros de las familias de los TPSianos. La suspensión del TPS produciría otra
ola de desplazamiento para personas que fueron desplazadas para comenzar. En
segundo lugar, la decisión de suspender el TPS también se puede conceptualizar
como desplazamiento legal porque altera la lógica racional que orienta la
comprensión de los marcos jurídicos de la migración: contradice los patrones
de las extensiones prolongadas del TPS y de las realidades que caracterizan las
vidas de los TPSianos y las condiciones en El Salvador.
Los estudios académicos sobre el TPS se han enfocado en las experiencias de
incertidumbre, limbo y limitaciones que se derivan del estatus. Aunque muchos
han trabajado para construir vidas que se parezcan lo más posible a las de los
residentes permanentes y ciudadanos, las vidas de los TPSianos ya han sido
parcialmente desestabilizadas por la preocupación inminente de que no se les
otorgue la renovación de su estatus. Es sabido que permanecer en un limbo
legal, y la posibilidad de perder el estatus, es una causa de estrés y ansiedad
(Abrego y Lakhani 2015, Kanstroom 2007). La incapacidad de pagar las tarifas
de una solicitud, confusión o no comprensión del lenguaje tecnocrático de los
requisitos de la solicitud, y el periodo de plazo de dos meses para enviarla ha
signicado que algunos salvadoreños elegibles hayan perdido el estatus después
de haber tenido el TPS por un periodo de tiempo (Abrego y Lakhani 2015).
La nomenclatura ocial de “temporal” del TPS y las condiciones y restricciones de
sus derechos y protecciones entorpecen la posibilidad de integrarse plenamente
o hacer planes a futuro, lo cual, de algunas formas, prolonga las experiencias
de desplazamiento (Coutin 2000). De esa manera, el estado ha podido mantener
a esta población en un estado de relaciones espacio-tiempo de “temporalidad
permanente” (Bailey et al. 2002), lo cual facilita ejercer vigilancia y control.
En la medida que esta condición permea la vida cotidiana de los salvadoreños,
restringe su movilidad geográca, económica y social. Al suspender a los
migrantes transnacionales en tiempo y espacio, estas limitaciones han truncado
posibilidades de hacer planes para el futuro de forma plena o para avanzar con
educación y profesionalmente (Miyares et al. 2003).
Como una forma de legalidad liminal (Menjívar 2006), el TPS otorga solamente
inclusión parcial en la sociedad y un número limitado de derechos. Es una
posición legal condicionada y tenue similar a otras categorías legales liminales
o de “estatus crepuscular” (Motomura 2014), tales como Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA), el cual tiende a dejar a sus beneciarios
en el limbo por periodos indenidos. Dichos estatus construyen jerarquías
racializadas y estraticadas al diferenciar el acceso a derechos y protecciones
(Menjívar 2006; Motomura 2014) y contribuir a zonas de soberanía escalonada
(Ong 1999). Aunque no comparten los mismos derechos que los ciudadanos
y los residentes permanentes, los TPSianos envían bastantes documentos y
registros, que los hace escrutables al estado, para probar su elegibilidad para
el estatus y su renovación. Sin embargo, su estatus liminal los posiciona en
un espacio intermedio ilustrativo de los falsos binarios de “indocumentado”
58
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
y “documentado” (Abrego and Lakhani 2015), un recordatorio de que la ley
migratoria reproduce ambigüedad y es un proceso social controvertido (Coutin
1998, 2000). El TPS ofrece a los inmigrantes más que una “no existencia”
legal indocumentada (Coutin 2000) pero sin un conjunto de derechos plenos
y un estatus temporal, que impide su capacidad de prosperar plenamente,
integrarse, y hacer planes para el futuro (Abrego and Lakhani 2015). Como
argumenta Hallett (2014), el TPS genera de forma contradictoria condiciones de
inclusión y exclusión al permitir documentación legal y un permiso de trabajo,
aun si los registros y los datos biométricos se pueden usar para deportar
TPSianos en cuanto se suspenda la designación. Su uso de exclusiones parciales
ayuda al estado a mediar las demandas del mercado laboral y los temores de los
nativistas acerca de la soberanía.
Lo mismo que la amenaza de revocación de DACA, la anunciada suspensión
del TPS cumple con el trabajo de in-documentar a aquellos con un estatus
documentado. Esto es un ejemplo de la forma en que se genera la ilegalización
por medio de reconstrucciones de la ley (Coutin 2000), y de la violencia legal
que suscita en la medida que las leyes se van usando y retrabajando de maneras
que generan diversas formas de violencia y sufrimiento (Menjívar y Abrego
2012). El DACA autorizó de forma condicionada un estatus legal liminal para
cientos de miles de DREAMers, jóvenes que representan una lucha de décadas
para obtener una “Ley DREAM” con el objetivo de ofrecer una resolución
legislativa a las vivencias contradictorias de no existir legalmente a pesar
de hacer crecido y forjado un futuro en Estados Unidos. Los estudios sobre
DREAMers han destacado las repercusiones sociales, económicas y emocionales
de la incertidumbre que rodea la liminalidad indenida y la amenaza inminente
de la in-documentación que forzaría al desplazamiento, a la separación de los
seres queridos y a dicultades extremas (Abrego 2006; González 2016; González
and Chávez 2012).
Basándose en estos estudios existentes sobre las contradicciones legales y las
vivencias del TPS y la legalidad liminal, este documento analiza las potenciales
consecuencias humanas de este proceso de des-documentación a través del
lente de los desplazamientos legales. La suspensión del TPS es parte de un
huracán de cambios desestabilizadores en el actual clima anti inmigrante en los
Estados Unidos, desde nuevos obstáculos para obtener asilo, a las deportaciones
masivas, a la proliferación de los arrestos de migrantes, a la construcción del
muro fronterizo. Estando ocialmente justicado a través de tropos racializados
de delincuencia inmigrante y de no-pertenencia, esta es una pieza más de lo
que Johnson (2019) llama “repatriación latinx de Trump.”
Este punto de ruptura nos obliga a ir más allá de analizar lo que el TPS ha
signicado para poblaciones que han tenido el estatus para que consideremos lo
que signica la suspensión del TPS, los efectos consiguientes que habría, y cómo
imaginar rutas alternativas para avanzar.
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
59
En el debate a continuación, primero presento antecedentes sobre las dinámicas
políticas, económicas y legales alrededor de la historia del TPS en los Estados
Unidos y en El Salvador. Mi debate luego gira hacia las contradicciones de
suspender el TPS usando una mirada más acuciosa a los criterios legales para el
mismo, el razonamiento ocial detrás de la reciente suspensión de El Salvador y
las verdaderas condiciones de seguridad y económicas existentes en El Salvador.
Yo planteo las potenciales amenazas a su seguridad que los TPSianos enfrentarían
en El Salvador y las consecuencias económicas de suspender el TPS tanto para
El Salvador como para Estados Unidos. Por medio de viñetas etnográcas de dos
familias TPSianas de estatus mixto, ofrezco un vistazo a las formas en las que
los TPSianos han llegado a establecer raíces, criar familias, y construir vidas de
permanencia en los Estados Unidos para revelar las dicultades extraordinarias
que ellos enfrentarían si se suspende el TPS y se procede a las expulsiones. En
lugar de hacer un número de entrevistas con TPSianos que capten un punto
particular en tiempo y espacio, estos dos ejemplos ilustrativos se basan en mis
entrevistas etnográcas recurrentes y en visitas etnográcas a los hogares de
estas familias a lo largo de veinte años para comprender cómo sus vidas y sus
expectativas acerca de su futuro han sido moldeadas por las renovaciones del
TPS desde que salieron por primera vez de El Salvador. En cada ejemplo, los
TPSianos tomaron decisiones de vida sobre la base de una expectativa razonable
de que el TPS sería la ruta hacia la residencia permanente, y expresan que no
entienden por qué el TPS se suspendería sin establecer dicha ruta.
Para concluir este documento, mi comentario nal se concentra en el rol del
activismo y el litigio a favor de los TPSianos y sus familias para combatir estos
desplazamientos legales.
El TPS y los salvadoreños: Contexto Legal, Político y Económico
Por ley, el Estatus de Protección Temporal (TPS) se creó en 1990 para brindar
una forma temporal de ayuda humanitaria global para aquellas personas que
quizás no calicaban para recibir asilo o refugio. Un país podía ser elegible
para una designación de TPS si estaba atravesando un conicto armado, un
desastre ambiental o cualquier otra condición extraordinaria o temporal, y si
sus ciudadanos no podían regresar de forma segura o si el país no tenía la
capacidad de manejar adecuadamente ese regreso. Ahora, las designaciones
TPS se hacen a discreción del Secretario del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS por sus siglas en inglés). En cuanto se determina la designación,
los migrantes que ya están en Estados Unidos pueden solicitar el TPS dentro de
un plazo establecido, pagando una tarifa y, entre otros criterios, presentando
pruebas de su elegibilidad con evidencia de su llegada antes de la fecha de la
designación. La elegibilidad para el TPS oscila entre seis a dieciocho meses en
cada ocasión.
El gobierno de Estados Unidos determina entonces si las personas que ya
cuentan con el TPS pueden solicitar una renovación del estatus noticándoles
de la extensión de la designación. Como estatus legal distinto al de inmigrante,
60
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
los TPSianos comparten algunos de los derechos y obligaciones de los residentes
permanentes y los ciudadanos estadounidenses: se les asigna un número de
Seguridad Social, deben pagar impuestos sobre la renta, pueden obtener una
licencia para conducir, y se les otorga un permiso de trabajo. Pueden poseer
una casa o una empresa. Sin embargo, no pueden votar en las elecciones,
y al contrario de los portadores de una Tarjeta de Residente Permanente
(Green Card), solamente pueden visitar su país de origen bajo circunstancias
particulares y con permiso previo. Si se sabe que una persona con estatus TPS
ha cometido un delito, se le puede revocar dicho estatus y ser deportada.
El Salvador recibió su primera designación de TPS en 1990 cuando el Congreso
de los Estados Unidos creó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de
1990. Inicialmente el programa era solamente para un periodo de dieciocho
meses, después de los cuales los recipientes del TPS podían solicitar la Salida
Obligatoria Diferida (DED), otro estatus de asistencia condicional y liminal.
El TPS era una respuesta legislativa a una ardua batalla por parte de los
activistas salvadoreños y guatemaltecos que abogaban por un status legal para
aquellas personas que habían huido de guerras en estos países pero que no
eran reconocidos como refugiados por el gobierno de los Estados Unidos (Coutin
2007). Estados Unidos denegó asilo a, en promedio, 97% de salvadoreños y
99% de guatemaltecos en ese tiempo, mientras que solo a cerca de un 50%
de nicaragüenses y cubanos les fue denegado el asilo en la década de 1980
(Mountz et al. 2002, 342). La marcada diferencia en los niveles de otorgamiento
de asilo sugiere que las personas que huían de regímenes comunistas tenían
más probabilidades de recibir asilo en los Estados Unidos. Debido a que los
salvadoreños y los guatemaltecos estaban huyendo de atrocidades y violaciones
de derechos humanos cometidas por ejércitos generosamente nanciados por
los Estados Unidos, el reconocimiento de esas nacionalidades como refugiados
o el otorgarles asilo de manera consistente habría llamado la atención sobre
la intervención de la dañina y errónea política exterior estadounidense en
la región. En respuesta a estos niveles desproporcionados de otorgamiento
de asilo, se entablaron dos demandas colectivas a favor de demandantes
salvadoreños que argumentaban que a los salvadoreños y los guatemaltecos se
les negaba el asilo injustamente. Como resultado de las demandas, se permitió
que los salvadoreños solicitaran asilo por segunda vez, y mientras esperaban
las audiencias (durante un periodo con una larga acumulación de casos) se
les otorgó un estatus de ayuda temporal conocido como ABC. Aunque nunca
se reconoció a los salvadoreños como refugiados, el TPS, y después la Salida
Obligatoria Diferida (DED) sirvieron como respuestas legislativas para brindar
ayuda legal a los salvadoreños que habían huido de la guerra civil (1980-1992)
(Coutin 1998, 2007, Mountz et al. 2002).
Los dirigentes políticos salvadoreños actuaron rápidamente para solicitar una
segunda designación después que dos terremotos en 2001 dejaran a cientos
de miles desplazados internamente y sin casa. Como sugiere Hallett (2014), la
designación de 2001 despolitizó el marco de la justicación del TPS y lo movió
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
61
hacia la ayuda humanitaria para un desastre natural en lugar de una respuesta
al “desastre político” de la guerra civil. Los dirigentes políticos salvadoreños
tienen tradición de visitar Estados Unidos para abogar junto a activistas de los
derechos de los migrantes por nuevas aprobaciones del TPS.
Aunque esté alineado a los esfuerzos de abogar por la protección de los
derechos de los migrantes, este trabajo de incidencia también ha sido motivado
por intereses económicos. Los TPSianos tienen un fuerte impacto económico
en la economía de El Salvador. Las remesas que envían (y otros migrantes que
ellos contratan y a los que ofrecen estabilidad en los Estados Unidos) ayudan a
sostener la economía nacional de El Salvador. Hoy en día, los 4.6 millardos de
dólares en remesas que El Salvador recibe anualmente equivale al menos a 17%
del Producto Interno Bruto (PIB) del país (Desilver 2018). Los dirigentes políticos
han argumentado que, sin estas remesas, la economía de El Salvador se vería
desestabilizada. También han usado tradicionalmente los temores públicos
sobre la amenaza de que los salvadoreños pierdan las renovaciones del TPS para
aprovecharlo a su favor durante sus campañas. Dirigentes del derechista partido
ARENA, que tuvieron la presidencia de El Salvador desde la guerra civil hasta
2009, advirtieron a los ciudadanos salvadoreños en sus plataformas de campaña
que, si el izquierdista FMLN ganaba la presidencia, las relaciones de Estados
Unidos y El Salvador se verían deterioradas y, en consecuencia, habría una alta
probabilidad de que la designación de TPS no fuera aprobada nuevamente.
Permitir que miles de TPSianos renueven continuamente su status también
benecia considerablemente a los Estados Unidos política y económicamente.
En el transcurso de los años, la posibilidad de perder la designación del
TPS ha obligado al gobierno de El Salvador a cooperar económicamente y
diplomáticamente con los Estados Unidos. Como fuerza laboral reemplazable,
la presencia de los TPSianos ha sido ventajosa económicamente para los
EEUU. En conjunto, los hogares de aquellos con TPS y DED aportan más de
$4.6 millardos anualmente a los impuestos federales, estatales y locales, y más
de $35.2 millardos al PIB (González et al. 2012). Como se evidencia en datos
estadísticos de un estudio sobre TPSianos salvadoreños, haitianos y hondureños,
cerca del 11 por ciento son empresarios que han creado su propio trabajo o
establecido un negocio que ha generado nuevos empleos, y la participación de
su fuerza laboral oscila entre 81 y 88 por ciento. Esta cifra sobrepasa con creces
la participación en la fuerza laboral de la población entera de Estados Unidos,
la cual es de 63 por ciento, y la del total de población extranjera, de 66 por
ciento (Warren and Kerwin 2018).
Condiciones en El Salvador, Criterios Legales y las Contradicciones
de Suspender el TPS
La decisión de nalizar la designación del TPS para El Salvador es fuente
de contradicción y desarraigos, tanto en términos de los marcos jurídicos
62
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
establecidos para las designaciones del TPS como en las vidas de familias
salvadoreñas. La justicación planteada ocialmente en el anuncio de la
suspensión publicado en el Registro Federal se desvía de los estándares y
criterios empleados en los anuncios de estatus de TPS otorgados en el pasado a
El Salvador y otros países, y tergiversa la realidad de las condiciones actuales
en El Salvador. Por consiguiente, los TPSianos salvadoreños y los miembros de
sus familias enfrentan la amenaza de ser desplazados hacia condiciones duras y
peligrosas en El Salvador.
De acuerdo a sus criterios legales especícos, se puede designar el TPS para
países que estén atravesando 1) un conicto armado vigente que “represente
una grave amenaza a la seguridad” de los retornados, 2) un desastre ambiental
que interrumpa temporalmente las condiciones de vida, lo que hace que el
estado sea incapaz de “manejar adecuadamente el retorno” de sus ciudadanos,
o 3) condiciones extraordinarias y temporales “que impidan que los ciudadanos
regresen al estado de forma segura,” a menos que el Fiscal General (ahora,
el Secretario de DHS) concluya que permitirle a los ciudadanos de ese estado
permanecer en los Estados Unidos “es contraproducente a los intereses
nacionales de los Estados Unidos.”
4
Para justicar las suspensiones recientes, la administración Trump sostiene que
la decisión de extender el TPS debe basarse en que el país se haya recuperado
del desastre particular o el conicto por el cual se justicó inicialmente la
designación,
5
a pesar de que esto no se especique en los lineamientos del
INA para las designaciones y extensiones del TPS para los países.
6
En el caso
de El Salvador, tanto los terremotos como el conicto armado han tenido
efectos multiplicadores prolongados y devastadores que han agravado
considerablemente las condiciones de vida, exacerbadas por más desastres
ocurridos desde los terremotos. El anuncio de la suspensión de El Salvador
en 2018 plantea un panorama sorprendentemente optimista de las condiciones
actuales en El Salvador al compararlo con los anuncios de extensión previos.
7
Los anuncios previos tomaban en cuenta una amplia gama de factores indicando
que El Salvador sería inseguro y no estaría preparado para los TPSianos que
retornen.
De hecho, las condiciones de inseguridad que continúan afectando El Salvador
están notoriamente ausentes del anuncio de suspensión de 2018. Las tasas de
homicidios y femicidios de El Salvador recientemente han llegado a ocupar uno
de los lugares más altos del mundo.
8
Mucha de la violencia se puede atribuir a
la proliferación de pandillas que afecta todo el pequeño territorio del país, de
4
244 NA Temporary Protected Status TPS [8 USC 1254a], disponible en: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-pre-
lim-title8-section1254a&num=0&edition=prelim (consultado Julio 31, 2020)
5
Consultar Lind (2019)
6
244 NA Temporary Protected Status TPS [8 USC 1254a]
7
El anuncio del 18 de Enero de 2018 de la ocina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad
Nacional se encuentra en el Registro Federal, Vol. 83, No 12, en el siguiente enlace: https://www.federalregister.gov/docu-
ments/2018/01/18/2018-00885/termination-of-the-designation-of-el-salvador-for-temporary-protected-status
8
Datos comparativos y longitudinales de homicidios globales y homicidios por sexo se encuentran en la base de datos de la Ocina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el sitio web de DATAUNODC: https://dataunodc.un.org/ (consultado el 26 de
julio de 2020)
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
63
zonas urbanas a rurales, y que tienen la capacidad de asestar golpes a la policía
e inuenciar el sistema político. El conicto armado de doce años nanciado
por los Estados Unidos—seguido de una falta de inversión en reconstrucción
posguerra y una ola masiva de miembros de pandillas que inicialmente se
formaron en Los Ángeles—fue fundamental para la generación de la violencia
generalizada del presente. Sin embargo, la situación de seguridad pública
actual de El Salvador no debe entenderse como una condición permanente; es
uida y evolutiva. En retrospectiva, si Estados Unidos no hubiera apostado a
estrategias de legislación migratoria causantes de que la violencia pandilleril
se esparciera por todo El Salvador y a intervenciones económicas neoliberales
que profundizaron las desigualdades sociales en el periodo de las décadas de
1990 y 2000, El Salvador probablemente hubiera alcanzado un estado de mayor
estabilidad poco después de la guerra con mucho menos casos de violencia.
Ahora, de ninguna manera los TPSianos y sus familiares, incluyendo hijos de
los TPSianos que son ciudadanos estadunidenses, van a llegar a condiciones
normalmente seguras en El Salvador. Es más, los TPSianos expulsados y sus
familias probablemente enfrentarían un tipo particular de riesgos de seguridad
en El Salvador debido a su anterior estatus de residentes estadounidenses.
Muchos TPSianos vienen de zonas particularmente marginales: zonas urbanas
pobres de clase obrera y comunidades rurales donde los efectos posteriores
del conicto y los desastres se sienten en especial ya que llevan consigo la
reproducción de la marginalización económica, la exclusión social y la violencia
estructural y cotidiana. Existen formas especícas de amenazas a la seguridad
que los TPSianos y sus familias probablemente enfrentarían siendo recién
llegados arribando al país y en lugares que les son desconocidos.
Además de estas amenazas a la seguridad, la expulsión de miles de TPSianos
y sus familiares alteraría la economía de El Salvador. El Salvador sufriría
el impacto de una reducción de las remesas que sirven como un subsidio
económico fundamental. Desarraigarlos abruptamente y enviarlos a El Salvador
generaría dicultades económicas sustanciales para las familias tanto en
Estados Unidos como en El Salvador, impidiendo aún más las posibilidades de
su integración social y económica. Para las familias, el impacto de cortar un
subsidio económico del exterior puede ser monumental. Ya que las remesas
están tan arraigadas en la economía de El Salvador, los costos de la vida se
han vuelto onerosos y por tanto las familias cuentan con las remesas para irla
pasando. Junto con el creciente ujo de remesas se ha incrementado el poder
de consumo, la inación a los precios, y un giro hacia una economía basada
en servicios e importaciones. Con salarios generalmente bajos y un costo de
vida relativamente alto, incluso muchos profesionales que trabajan cuentan
con las remesas como un ingreso suplementario. En situaciones donde los
TPSianos son los proveedores para una familia en los Estados Unidos, habría
consecuencias nancieras devastadoras si los miembros de la familia se quedan
en Estados Unidos y los TPSianos son obligados a irse para El Salvador. Con estas
dicultades económicas y la situación precaria de seguridad en El Salvador,
64
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
los TPSianos retornados serían de nuevo amenazados con el desplazamiento.
Muchos probablemente se inclinarían a migrar nuevamente para regresar a los
hogares y las vidas que habían establecido en los Estados Unidos.
El anuncio de 2018 de la suspensión del TPS para El Salvador no reconoce que
estas condiciones dicultan seriamente la capacidad del estado salvadoreño de
recibir a los TPSianos de forma adecuada y segura. Antes de la administración
Trump, de los países a los que les suspendieron sus designaciones de TPS, para
la mayoría esto sucedió después de periodos de designación relativamente
cortos.
9
Como indicador importante de que las condiciones habían mejorado
signicativamente en estos países y que los estados estaban preparados para
recibir a los TPSianos que retornaban, los anuncios típicamente señalaban los
regresos voluntarios a gran escala de refugiados y de migrantes forzados que
habían huido anteriormente a países vecinos. Sin embargo, el anuncio de 2018
de la suspensión para El Salvador, no menciona ningún regreso voluntario. Mas
bien, el anuncio destaca que, en los años scales 2017 y 2018, el Departamento
de Seguridad Nacional expulsó alrededor de 20,000 salvadoreños anualmente,
deportándolos hacia El Salvador. Sin embargo, las expulsiones no son un indicativo
de la factibilidad del retorno seguro, ni estas cifras incluyen una medida sobre
la capacidad de estos deportados para reintegrarse permanentemente en El
Salvador o si ellos migraron después de nuevo a los Estados Unidos o a otro
lugar. Además, también es importante indicar que las suspensiones anteriores
del TPS típicamente afectaron a unos cuantos cientos o mil TPSianos, algunos
de los cuales pudieran haber sido elegibles para asistencia alternativa que les
permitiera quedarse en los Estados Unidos.
Con un número cercano a 200,000, El Salvador sobresale como el país de origen
del mayor contingente del total de TPSianos. El anuncio de 2018 no toma en
consideración los desafíos extraordinarios que implicaría para El Salvador una
expulsión de tan larga escala.
Aun así, en casos donde se ofrece una designación de TPS por “condiciones
extraordinarias y temporales” en lugar de conictos armados vigentes y desastres
naturales, la legislación especica que se necesita cumplir una condición más:
no debe ser “contrario al interés nacional” permitirle a los TPSianos que se
queden, como lo determinó subjetivamente el Secretario del DHS (en el pasado,
antes de la formación del DHS, era el Fiscal General).
10
En ese sentido, los anuncios de la decisión de extender el TPS publicados
en el Registro Federal plantean debidamente que permitir que los TPSianos
9
Kuwait, Líbano, Ruanda, Provincia de Kosovo, Guinea-Bissau, y Angola tuvieron periodos cortos de designación del TPS que oscilaban
de uno a cuatro años. Las suspensiones que se dieron después de periodos más largos incluyen a Bosnia-Herzegovina (1992-2001),
Burundi (1997-2007), y el caso singular de Montserrat: Se dio por nalizada su designación después de un periodo de siete años
cuando el gobierno de los Estados Unidos determinó que las constantes erupciones volcánicas en el sur de la isla no terminarían en
un futuro cercano y no podría considerarse más como una condición “temporal”. Guinea, Liberia, y Sierra Leona fueron designados
desde 2014 a 2017 como respuesta a la enfermedad del virus del Ébola. Sin embargo, Sierra Leona había sido designado desde 1997
a 2003. Parecido al caso de El Salvador, algunos Liberianos continuaron siendo elegibles para permanecer en los Estados Unidos desde
su primera designación en1991debido a múltiples designaciones, extensiones, excepciones, y el otorgamiento de DED, otro estatus
legal liminal que está siendo retirado en la administración Trump.
10
244 NA Temporary Protected Status TPS [8 USC 1254a]
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
65
permanezcan en el país no es contrario al interés nacional, pero ninguno plantea
por qué esto es así.
Aun sin proporcionar una justicación explícita, existen varias razones de por qué
el mantener la designación del TPS ha favorecido el interés nacional de Estados
Unidos. Los Estados Unidos se benecia de las enormes contribuciones de los
TPSianos salvadoreños a la economía estadounidense. Al contrario de migrantes
no autorizados que residen en Estados Unidos sin documentación ocial, los
TPSianos son fuerza laboral reemplazable que sigue siendo escrutable al estado
y por lo tanto puede ser administrada, vigilada y regulada. El estado puede
restringir de forma ventajosa sus derechos y movilidad al tiempo que los obliga
a que se comporten por medio de la vigilancia, una condición de incertidumbre
y la amenaza inminente de la revocación de su estatus.
La administración Trump cumplió con esa amenaza. A pesar de que ningún
anuncio de suspensión ha planteado que sería contraproducente para el interés
nacional permitir a los TPSianos de un país determinado permanecer en los
Estados Unidos, los comentarios de Trump han llenado el vacío: en una reunión
para discutir una propuesta de reforma migratoria que se llevó a cabo apenas
días después de que el Secretario de la DHS anunciara el 8 de enero de 2018
la suspensión del TPS para El Salvador, Trump aparentemente preguntó por
qué los Estados Unidos deberían aceptar migrantes de Haití y de países de
“hoyo de mierda” en África, y sugirió que los Estados Unidos debería permitir
más migrantes de países como Noruega.
11
Señalando que los comentarios son
ejemplicantes de otros comentarios y propuestas de parte del presidente que
indican una agenda migratoria racista, los peticionarios de las demandas del
TPS argumentan que las decisiones de suspender el TPS para estos países no
estuvieron basadas en las condiciones del país o estándares legales apropiados
sino en prejuicio racial en contra de inmigrantes que no son blancos y que no
son europeos.
Vidas hechas en Estados Unidos
Los TPSianos enfrentan la amenaza del desplazamiento forzado de los Estados
Unidos, lo cual desestabilizaría vidas y familias establecidas en ese país hace
mucho tiempo. Como prueba de qué tanto los TPSianos han construido sus vidas
en Estados Unidos, el estudio demográco de Warren y Kerwin (2018) sobre los
TPSianos salvadoreños, hondureños y haitianos demuestra que cerca del 11 por
ciento ha comenzado una empresa o creado su propio trabajo, cerca del 30 por
ciento de estos hogares tienen hipotecas, y cerca del 90 por ciento habla inglés.
Más de la mitad de las poblaciones salvadoreñas y hondureñas han residido en
los Estados Unidos más de veinte años, y cerca del 22 por ciento, llegaron a
Estados Unidos siendo niños. Algunos están casados con un residente legal, y
cerca de 273,000 ciudadanos estadounidenses nacieron de padres TPSianos de
estos tres países.
11
Consultar Fram & Lemire (2018)
66
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
Los siguientes perles etnográcos de dos familias TPSianas ilustran cómo
los TPSianos han construido vidas de permanencia en los Estados Unidos para
ellos mismos y sus familias, a pesar de las limitaciones del TPS. Sus largas
trayectorias de vida en los Estados Unidos, junto con lo que se entiende que
debe ser la lógica detrás de los marcos jurídicos migratorios, han condicionado
las expectativas de lo que tienen en mente para su futuro. Suspender el TPS
desestabiliza tanto sus vidas como la de sus familias con desplazamiento forzado
y posibles separaciones, y desmorona la lógica que ellos creen que debe orientar
razonablemente la reforma de la ley migratoria.
Conocí a Linda
12
en 1999, un año antes que ella saliera de El Salvador, cuando
era la chef de un comedor comunitario en un pueblo pequeño de El Salvador,
y llegué a conocer a sus hijos pequeños antes que se reunieran con ella en
los Estados Unidos, años después. Ambos como recipientes de DACA, cada uno
se graduó de un instituto de enseñanza superior (community college). Como
TPSiana, Linda había trabajado como ordenanza para la Ocina de Censos de
Estados Unidos. En 2011, visité su casa en los suburbios de Maryland, la cual
compró con su esposo, para una barbacoa un día caluroso de verano en su
hermoso patio con su familia.
En ese momento, yo estaba investigando las presiones que motivaban a algunos
migrantes para planear el regreso a El Salvador, así que le pregunté si ella
estaba construyendo casa en El Salvador y si tenía algún plan para jubilarse allá.
“No,” me dijo. “Mucha gente se ha concentrado en construir casa en El Salvador
para poder regresar. Están invirtiendo mucho dinero para construir allá. Yo
estoy invirtiendo aquí porque sé que, con el tiempo, el gobierno de los Estados
Unidos tendrá que darnos la residencia a los que tenemos TPS. Siempre la han
renovado, y ahora ya hemos pasado aquí muchos años. Simplemente no tendría
sentido que el gobierno no creara una ruta a la residencia, quizás la ciudadanía,
para los que tenemos el TPS. Ellos saben que trabajamos duro, que no somos
delincuentes, que pagamos impuestos. Algunos han estado aquí por 20 años.”
En contraste, otros migrantes que yo había entrevistado de su pueblo que llegaron
a Estados Unidos después de la última designación del TPS de 2001, pero que
no tenían ningún estatus legal y no eran TPSianos, estaban construyendo casas
y tenían planes de regresar después de varios años en los Estados Unidos. Me
impactó su determinación acerca de su futuro y su razonamiento incuestionable:
El TPS terminaría algún día, según ella, pero sin duda terminaría con una ruta
hacia la residencia, por tanto, no había razón para hacer planes diferentes. Ella
había “pagado su cuota” (como lo dice la Alianza Nacional del TPS, una red de
abogacía nacional para los TPSianos) y echado raíces en los Estados Unidos.
Vivir más de una década en una condición de relativa inclusión y estabilidad, a
pesar de las restricciones y la incertidumbre de la legalidad liminal, signicaba
12
A lo largo de este documento, utilizo seudónimos para proteger las identidades de los TPSianos.
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
67
que ella no podía hallarle sentido al tipo de lógica incompatible que pudiera
alimentar la imposición de la ruptura con la suspensión del TPS.
A Fausto lo conocí en El Salvador en 1999, un año antes que llegara a New Jersey.
En su pueblo en El Salvador, él había estudiado hasta cuarto grado y luego había
aprendido carpintería. A la edad de catorce años, él comenzó a trabajar en una
cooperativa local fabricando muebles. Su compañera de vida, ahora una ama de
casa y madre de sus hijos, vino a New Jersey de El Salvador en el transcurso del
año posterior a su salida. Cuando él llegó a los Estados Unidos, trabajó poniendo
techos. Después de varios años, comenzó a subcontratar a otros—parientes,
amigos, y conocidos de El Salvador—y dirigió su propio grupo de trabajadores
de construcción a tiempo completo para proyectos residenciales. Estos días, él
viaja más de una hora desde el norte de New Jersey a New York donde trabaja
para la alcaldía haciendo renovaciones de infraestructura en las estaciones del
tren subterráneo. Además, su propia empresa de construcción ahora trabaja
renovando casas, con nanciamiento del colectivo de amigos y parientes de
conanza que son sus co-inversores.
Por años, la familia vivió en un apartamento de 600 pies cuadrados con dos
habitaciones pequeñas, una cocina y sin sala, en una calle concurrida. Cuando
nació su tercer hijo, se mudaron y comenzaron a alquilar una casa suburbana
con patio. Sus tres hijos: una niña de tres años, un niño de ocho años, y una
niña de trece.
La eliminación de estatus del TPS impone a las familias decidir si los padres
TPSianos se verían obligados a separarse de sus hijos que son ciudadanos
estadounidenses y residentes legales, o si estos jóvenes estadounidenses
serían también expulsados de los Estados Unidos, acompañando a sus padres.
En los Estados Unidos, los desplazamientos legales de las separaciones de un
miembro de la familia debido a las leyes migratorias se han naturalizado como
un evento cotidiano. Las demandas colectivas en contra de la eliminación del
TPS argumentan, en parte, que es inconstitucional obligar a niños nacidos en
los Estados Unidos a escoger entre quedarse con su familia o permanecer en los
Estados Unidos.
Aunque Fausto haya establecido una vida de permanencia en los Estados Unidos
para él y la familia, y aunque sus hijos son todos ciudadanos estadounidenses,
la familia continúa viviendo en un limbo. Fausto ve las noticias, esperando el
resultado de la litigación y atendiendo los consejos de su abogado. Igual que
Linda, él no puede ver ninguna lógica en la suspensión abrupta del TPS.
“No es lógico,” dijo él. “No pueden solo suspender el TPS. Tienen que ofrecer
algo a cambio. Algún tipo de estatus —que no sea la residencia permanente,
pero algo. Algo intermedio, por algún número de años, y entonces quizás uno
puede solicitar la residencia después. Tienen que hacerlo. Es que no es lógico.”
Indicando su frustración, Fausto continuó repitiendo que no es lógico y que
68
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
es complicado. En español, es complicado no signica necesariamente que un
problema es complicado (un estatus intermedio, como sugiere, podría ser una
solución sencilla), sino que algo no es fácil, que se pone turbio, o que tiene
muchas partes movibles, haciendo que un problema sencillo se vuelta difícil
de resolver. Para Fausto, las complicaciones eran las dicultades y el potencial
enredo que la amenaza de desplazamiento forzado podría generarle a él y
a su familia. Estas eran también las contradicciones implícitas en tratar de
encontrarle sentido a una decisión aparentemente ilógica de suspender el TPS.
Las complicaciones eran los desplazamientos.
Incluso aunque él le tiene fe a una solución lógica sobre el TPS, Fausto ha
decidido que es mejor estar preparados para cualquier cosa. En 2017, él y su
compañera de vida tuvieron una conversación difícil con su hija mayor para
ayudarle a comprender el estatus precario de sus padres y las posibilidades a
futuro. En el verano de 2018, sus dos hijos mayores viajaron con él por dos
semanas a El Salvador. Era su primer viaje allá, y el primer viaje de Fausto
desde que saliera del país hace diecisiete años. Allá, los niños conocieron por
primera vez en persona a su abuela y a su tío. Él también se había comenzado
a preparar para la posibilidad de trabajar en El Salvador. Cuando yo visité a la
mamá de Fausto en El Salvador en agosto de 2019, una de las habitaciones en
la casa se había convertido en bodega para una variedad de herramientas de
construcción que él había llevado allá durante su reciente visita.
La situación de la familia de Fausto ejemplica algunas de las potenciales
dicultades y dilemas que las familias de los TPSianos enfrentan si se imponen las
expulsiones y separaciones a través de una suspensión denitiva del TPS. Linda
también enfrenta la amenaza del desplazamiento y separación familiar; como
recipientes de DACA, sus hijas esperan una resolución legislativa permanente a
su propia legalidad liminal y pueden estar dudando en arriesgarse a viajar a El
Salvador en caso de que Linda se trasladara allá. Tanto Linda como Fausto han
echado raíces en los Estados Unidos, donde han vivido por dos décadas. Ellos
luchan con el desarraigo de los desplazamientos forzados y la desestabilización
de la lógica en tiempos de turbulencia y de desastre político.
El Camino a Seguir: Abogacía, Litigación e Incertidumbre
En caso que el gobierno en última instancia implementara las expulsiones
obligatorias de los TPSianos salvadoreños, lo que vendría después son múltiples
desplazamientos legales. Esto estaría en detrimento de la economía de Estados
Unidos al aplastar las contribuciones de un segmento de población que está
entre los más productivos por su fuerza laboral y aporta miles de millones en
impuestos y PIB a los Estados Unidos. Las repercusiones se extenderían hacia
las redes sociales, lo que resultaría en la pérdida de trabajo de las personas
empleadas en empresas propiedad de TPSianos, y devastaría el bienestar
nanciero de familias enteras que dependen del sostén de TPSianos en los
Estados Unidos.También dañaría la economía de El Salvador, reproduciendo las
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
69
situaciones que causan desplazamiento. Disminuirían los ujos de remesas a
familias en El Salvador que cuentan con el envío de dinero para poder subsistir,
pagar gastos educativos, y comenzar pequeños negocios para procurarse otras
opciones de vida en lugar de migrar al extranjero para buscar trabajo. Los
TPSianos salvadoreños y los miembros de su familia nacidos en Estados Unidos,
serían desplazados a una tierra que es desconocida para ellos y que está plagada
de amenazas para su seguridad.
En un país que se conoce ahora por su crisis de desplazamiento derivado de la
violencia dominante de las pandillas y de la violencia de género, las familias de
TPSianos podrían enfrentar amenazas particulares a su seguridad, lo que traería
como consecuencia otra ronda de desplazamiento en sus vidas. Finalmente,
la suspensión del TPS generaría dicultades extremas para familias de estatus
mixtos, ya que los niños en edad escolar nacidos en Estados Unidos de padres
TPSianos podrían ser obligados a separarse de sus padres si deciden quedarse en
los Estados Unidos o si son expulsados de su país de nacimiento (EEUU) a través
de un tipo de deportación de facto junto a sus padres TPSianos.
A la luz de estas realidades, no sorprende que el activismo a favor de los TPSianos
haya sido una lucha dura. Por muchos años, los defensores han presionado para
que se incluya una ruta legal de residencia permanente para los TPSianos en
las propuestas de reforma migratoria legislativa enviadas al Congreso. Desde
que se anunció que el estatus TPS se suspendería para varios países, la abogacía
se ha reforzado para repeler las decisiones y llamar la atención pública a su
petición de una ruta hacia la residencia.
Las organizaciones inicialmente fundadas por refugiados centroamericanos,
como el Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles y Alianza America,
han estado al frente de esta batalla. Entre otras cosas, han ayudado a conformar
una red nacional estratégica, la Alianza Nacional del TPS, en respuesta a dichas
decisiones. Al movilizar a los TPSianos y sus aliados, tales como abogados y
defensores, investigadores, comités comunitarios, y formuladores de política,
la Alianza Nacional TPS ha sido instrumental en la coordinación de esfuerzos
de abogacía en todo Estados Unidos, haciendo más visible la situación de los
TPSianos, y aglutinando un mensaje claro de la injusticia de la decisión de
suspender el TPS y la importancia y la justicación para abrir un camino hacia
la residencia de los TPSianos.
Sin embargo, la abogacía a favor de los TPSianos y sus familias enfrenta
dicultades. Debido a que el estatus ha sido renovado calladamente a lo largo
de muchos años, y los TPSianos han vivido con un estatus que se parece a
la de los portadores de una tarjeta de residencia (Green Card), esto es algo
que continúa desconociéndose o siendo mal entendido de parte de la opinión
pública estadounidense en general. Las protestas callejeras no han alcanzado la
magnitud de otras luchas de defensa migratoria, tales como la de los movimientos
de DREAMers y DACAmented. La movilización en relación al DACA es quizás más
70
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
visible, en parte, porque la población DACA (estimada en cerca de 643,000)
13
es
más considerable que la población de TPSianos. Sin embargo, cuando se suma el
estimado de al menos 273,000 niños nacidos de padres TPSianos a la cuenta de
los más de 400,000 TPSianos, la población afectada es comparable en tamaño.
Además, en el transcurso de veinte años de incidencia, la lucha continua y
pública para lograr una Ley DREAM ha ganado más adherencia que la búsqueda
silenciosa de una solución legislativa permanente para resolver el estatus
liminal de los TPSianos de mayor tiempo. Aunque el activismo combativo de
los centroamericanos desde nales de los ochenta logró la creación del TPS
y su renovación para ciertos grupos, las consecuencias de cortar el TPS para
los que tienen el estatus desde hace mucho tiempo han permanecido en gran
medida bajo desapercibidas en los debates sobre reforma migratoria integral.
Una razón para ello es que la defensa de los TPSianos, quienes son en su mayoría
población adulta, y muchos de los cuales son padres de familia, tiene menor
probabilidad de ganar simpatía de la opinión pública en una era de desarraigos
migratorios en Estados Unidos. Mientras los recipientes de DACA son percibidos
como “inocentes” por haber llegado a los Estados Unidos “por razones ajenas
a su voluntad,”
14
como lo dijera el ex presidente Obama, los TPSianos podrían
ser percibidos públicamente como presuntos “culpables”—incluso si huyeron de
desastres naturales y políticos hace mucho tiempo y mantuvieron un estatus legal
en los Estados Unidos desde entonces—sobre la única base de que son percibidos
como padres en edad adulta en un clima migratorio actual en Estados Unidos
en el cual los padres son presentados y tratados por el gobierno estadounidense
como supuestos delincuentes “tracantes” de niños hacia ese país.
Existen dos demandas colectivas impugnando las decisiones de la administración
Trump de suspender el TPS para los seis países. Los querellantes de cada
demanda son TPSianos e hijos de TPSianos con ciudadanía estadounidense, con
las demandas de Ramos v. Nielsen en representación de las familias TPSianas
de El Salvador, Haití, Nicaragua, y Sudán, y Bhattari v. Nielsen en nombre de
Honduras y Nepal. En cada paso, los demandantes plantean que la decisión
de suspender el TPS para los países respectivos se tomó sin una explicación
clara y se basó en discriminación racista y un estándar nuevo e indenido para
la designación del TPS, lo cual convierte la decisión en inconstitucional y en
violación a la Ley de Procedimientos Administrativos (APA). También plantean
que los hijos de TPSianos que son ciudadanos estadounidenses en edad escolar
enfrentarían la dicultad de separarse de sus padres y quedarse en los Estados
Unidos o de acompañar a sus padres TPSianos a un país extranjero.
15
Se ha
presentado una orden preliminar como resultado de Ramos v. Nielsen, y los
TPSianos de los seis países pueden renovar sus permisos de trabajo mientras la
litigación esté pendiente.
13
A partir del 31 de marzo de 2020, los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reeja aproximadamente
643,560 recipientes activos de DACA. La hoja de datos se puede consultar en: https://www.uscis.gov/sites/default/les/document/
data/Approximate%20Active%20DACA%20Receipts%20-%20March%2031%2C%202020.pdf (consultado el 29 de julio de 2020)
14
For a discussion of this discourse, see, for example, Bacon (2020)
15
El resumen de estos argumentos están en el sitio web de la Alianza Nacional TPS, en el siguiente enlace: https://www.nationalt-
psalliance.org/tps-lawsuit/ (consultado el 29 de julio de 2020)
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
71
Documentos internos del gobierno presentados a los tribunales por los
demandantes nos ayudan a darle sentido a lo insensato: la decisión
aparentemente ilógica y contradictoria de suspender la designación de TPS
cuando las condiciones de seguridad para recibir a los TPSianos no existen y
cuando las consecuencias de su retorno serían graves y dañinas para aquellos
cuyas vidas se verían más desarraigadas por la decisión. Los documentos
ofrecen varias revelaciones. Entre ellas, muestran cómo los antinmigrantes
de hueso duro nombrados por la administración Trump revisaron memorandos
sobre el TPS elaborados por personal de carrera expertos en el tema para que
las descripciones de las condiciones de país en los memorandos respaldaran la
suspensión, aún si dichas descripciones tergiversaran las condiciones actuales
del país sobre el terreno. También demuestran que la administración ignoró
graves preocupaciones del personal de la embajada en los países designados con
el TPS y del Departamento de Estado en relación a las suspensiones del TPS.
16
Con el resultado de la litigación todavía pendiente, los TPSianos continúan
viviendo con incertidumbre. Sin embargo, como lo demuestra este documento,
la incertidumbre actual es de un tipo diferente a la de antes. Durante los años
de renovaciones consecutivas del TPS, los TPSianos salvadoreños construyeron
vidas en los Estados Unidos para ellos mismos y sus familias, pero vivían con
la incertidumbre de no saber si su estatus sería permanente y cuándo, o si
quizás algún día se vería truncado en un momento de ruptura grave. Ahora
esta incertidumbre cobra nueva urgencia mientras ellos están esperando
los resultados de decisiones pendientes y plantean sus razonamientos para
continuar con sus vidas de permanencia en los Estados Unidos. Ellos fueron
desplazados por desastres naturales y políticos hace mucho tiempo, y ahora los
TPSianos nuevamente enfrentan un posible desplazamiento como resultado del
nuevo desastre político en los Estados Unidos: un tornado de cambios profundos
y desestabilizadores a la inmigración a Estados Unidos que es incompatible con
las realidades y los entendimientos de las personas cuyas vidas y familias se han
establecido en los Estados Unidos.
16
Los documentos enviados con las pruebas de estos hallazgos están disponibles al público en el sitio web de la Alianza Nacional del
TPS: https://www.nationaltpsalliance.org/tps-lawsuit/list-of-documents-related-to-motion-for-preliminary-injunction/ (consultado
el 29 de julio, 2020)
72
Desplazamientos Legales: La Amenaza de la Finalización del Estatus de
Protección Temporal entre Salvadoreños en los Estados Unidos
Referencias.
Abrego, Leisy J. 2006. “‘I Can’t Go to College Because I Don’t Have Papers’: Incorporation
Patterns of Latino Undocumented Youth.” Latino Studies (4): 212–231.
Abrego, Leisy J., and Sarah M. Lakhani. 2015. “Incomplete Inclusion: Legal Violence and
Immigrants in Liminal Legal Statuses.” Law & Policy 37 (4): 265–93.
Bacon, David. 2020. “Undocumented Youth Are Here Through No Fault of Their Own. But It’s Not
Their Parents’ Fault, Either.” In These Times (online). Nov 5, 2015. https://inthesetimes.com/
article/18568/dreams-deported-undocumented-unafraid-dream-act.
Bailey, Adrian J., Richard A. Wright, Alison Mountz, and Ines M. Miyares. 2002. “(Re)Producing
Salvadoran Transnational Geographies.” Annals of the Association of American Geographers 92
(1): 125–44.
Coutin, Susan Bibler. 1998. “From Refugees to Immigrants: The Legalization Strategies of
Salvadoran Immigrants and Activists.” International Migration Review 32 (4): 901–25.
Coutin, Susan Bibler. 2000. Legalizing Moves: Salvadoran Immigrants’ Struggle for U.S. Residency.
Ann Abor: University of Michigan Press.
Coutin, Susan Bibler. 2007. Nations of Emigrants: Shifting Boundaries of Citizenship in El Salvador
and the United States. Ithaca: Cornell University Press.
De La Hoz, Felipe and Gaby Del Valle. 2020. “Week 37: Supreme Court halts administration
attempt to end DACA,” BORDER/LINES, June 19, 2020. https://borderlines.substack.com/p/
week-37-supreme-court-halts-administration.
Desilver, Drew. 2018. “Remittances Can Be Big Economic Assets for Countries.” Pew Research
Center. January 29, 2018. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/remittances-
from-abroad-are-major-economic-assets-for-some-developing-countries/.
Fram, Alan and Jonathan Lemire. 2018. “Trump: Why allow immigrants from ‘shithole countries’?”
AP, January 12, 2018. https://apnews.com/fdda20b877416c8ae1c1a77a3cc425/Trump:-Why-
allow-immigrants-from-'shithole-countries'.
Gonzales, Dalia, Thai Le, Manuel Pastor, and Nicole Svajlenka. 2019. “Promising Returns: How
Embracing Immigrants with Temporary Protected Status Can Contribute to Family Stability,
Economic Growth, and Fiscal Health.” USC Dornsife Center for the Study of Immigrant Integration.
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/731/docs/Promising_Returns_April_2019_TPS_Brief.pdf.
Gonzalez, Roberto G. 2016. Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in America.
Berkeley: University of California Press.
Gonzalez, Roberto G. Gonzales and Leo R. Chavez. 2012. “‘Awakening to a Nightmare’: Abjectivity
and Illegality in the Lives of Undocumented 1.5-Generation Latino Immigrants in the United
States,” Current Anthropology 53 (3): 255-281.
Hallett, Miranda Cady. 2014. “Temporary Protection, Enduring Contradiction: The Contested and
Contradictory Meanings of Temporary Immigration Status.” Law & Social Inquiry 39 (3): 621–42.
Johnson, Kevin R. 2019. “Trump’s Latinx Repatriation.” UCLA Law Review, Forthcoming, October.
Kanstroom, Dan. 2007. Deportation Nation: Outsiders in American History. Cambridge: Harvard
University Press.
TEORÍA Y PRAXIS No. 38, enero-junio 2021
73
Lind, Dara. 2019. “Trump Administration Puts End of TPS on Hold for Hondurans and Nepalis.” Vox,
March 12, 2019. https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/3/12/18262314/tps-honduras-
nepal-lawsuit-news-status.
Menjívar, Cecilia, and Leisy J. Abrego. 2012. “Legal Violence: Immigration Law and the Lives of
Central American Immigrants.” American Journal of Sociology 117 (5): 1380–1421.
Menjívar, Cecilia. 2006. “Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan Immigrants’ Lives in the
United States.” American Journal of Sociology 111 (4): 999–1037.
Miyares, Ines M., Richard Wright, Alison Mountz, Adrian J. Bailey, and Jennifer Jonak. 2003. “The
Interrupted Circle: Truncated Transnationalism and the Salvadoran Experience.” Journal of Latin
American Geography 2 (1): 74–86.
Motomura, Hiroshi. 2014. Immigration Outside the Law. Oxford: Oxford University Press.
Mountz, A., Wright, R., Miyares, I., & Bailey, A. J. (2002). Lives in limbo: Temporary protected
status and immigrant identities. Global Networks, 2(4), 335-356.
Ong, Aihwa. 1999. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham: Duke
University Press.
US Department of State. n.d. 2019 “Country Reports on Human Rights Practices: El Salvador.”
Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. https://www.state.gov/reports/2019-country-
reports-on-human-rights-practices/el-salvador/.
Warren, Robert, and Donald Kerwin. 2018. “A Statistical and Demographic Prole of the US
Temporary Protected Status Populations from El Salvador, Honduras, and Haiti:” Journal on
Migration and Human Security, 5 (3): 577-592.
Mountz, A., Wright, R., Miyares, I., & Bailey, A. J. (2002). Lives in limbo: Temporary protected
status and immigrant identities. Global Networks, 2(4), 335-356.