TEORÍA Y PRAXIS No. 30, Enero-Mayo 2017
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Nuestros lectores opinan
¿Qué país queremos
en 25 años?
Luis Armando González
“La historia es lodosa y viscosa. Algo que hay que recordar siempre,
porque las catástrofes de mañana siempre están madurando
ya hoy en día, socarronamente”.
Umberto Eco, “El futurismo no fue una catástrofe”,
en De la estupidez a la locura, México, Lumen, 2016.
“La reunicación de la sociedad salvadoreña y un creciente grado de cohesión
social son elementos indispensables para acceder el desarrollo. Por eso,
entre el conjunto de acuerdos requeridos para terminar denitivamente
el conicto armado en El Salvador, se incluye una plataforma mínima de
compromisos tendientes a facilitar el desarrollo en benecio de todos
los estratos de la población”.
“Se creará un Foro, con la participación igualitaria de los sectores
gubernamentales, laboral y empresarial, con el objeto de lograr un
conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico
y social del país, en benecio de todos sus habitantes”.
Acuerdos de Paz, 1992.
Estamos próximos a celebrar el XXV Aniversario de la rma de los Acuerdos de
Paz. No se trata de un aniversario más, sino de uno en el cual se cierra, por
así decirlo, un ciclo de 25 años de historia nacional. Un cuarto de siglo, ni más
ni menos. En términos generacionales, quienes nacieron después de 1992 (o
eran pequeños cuando la guerra civil nalizó) han tenido experiencias de vida
distintas —en muchos sentidos, extremadamente distintas— a las que tuvieron
sus padres y abuelos, pues El Salvador ha tenido transformaciones políticas,
económicas, sociales y culturales de envergadura en estas dos décadas y media
transcurridas desde 1992.
ISSN 1994-733X, Editorial Universidad Don Bosco, año 15, No.30, Enero-Mayo de 2017, p.123-126
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Cuesta imaginar lo que sentiría alguien fallecido en las décadas de los 70 y 80
(del siglo XX) si reviviera –si tal cosa fuera posible—en este inicio de 2017. Mu-
chas de las cosas —positivas y negativas— que estuvieron presentes en su vida,
y que la conguraron, han desaparecido o han cambiado extraordinariamente,
en tanto que hay una multiplicidad de cosas nuevas que quizás apenas se insinu-
aban en aquellos tiempos o que no se veían en lo absoluto ni podían ser antici-
padas por ningún espíritu visionario.
Por supuesto que hay hilos de continuidad, en lo cultural, lo social, lo económico,
lo político y lo ambiental, pero no dejan de ser signicativas las rupturas y
novedades en esos ámbitos, lo mismo que en la psicología, hábitos y personalidad
de los salvadoreños. Es indiscutible que importantes transformaciones en el
país, en los últimos 25 años, no han obedecido a plan alguno, sino que han
sido la cristalización de muchas voluntades, azares y consecuencias no queridas
de acciones humanas y de dinámicas socio-naturales que se han mezclado,
interaccionado y evolucionado con su propio ritmo y su propia temporalidad.
En El Salvador, como en cualquier sociedad humana, no todo es obra (positiva o
negativa) de gobiernos u otras fuerzas sociales que conscientemente deciden (o
deberían decidir) impulsar en cierta dirección sus derroteros. Hay procesos que
sí lo son, por supuesto.
Pero, contrario a lo que se ha puesto de moda, no todo lo que sucede en una
sociedad (sobre todo, cuando es negativo) es “culpa” de los gobiernos (o de otros
actores sociales, económicos o políticos) y en nuestro país, en estas dos décadas
y media, se han generado dinámicas de diversa naturaleza que no han obedecido
a la voluntad de nadie en particular, aunque sólo fuera porque el cruce y la
conuencia de muchas voluntades da lugar a consecuencias imprevistas que,
cuando se suscitan, generan fenómenos nuevos que no aparecían en los cálculos
iniciales de nadie. Creer lo contrario signicaría no reconocer la importancia
del azar, la entropía y la complejidad de lo socio-natural en la historia.
Por otra parte, así como en estos 25 años se han generado transformaciones
que no han obedecido a plan alguno, también se han tenido otras —de enorme
relevancia— que sí lo han sido. Y entre estas destacan las que se enmarcan en
(y derivan de) los Acuerdos de Paz de 1992.
La reforma política e institucional emanada de los Acuerdos de Paz se ha venido
haciendo realidad, naturalmente que no de forma lineal ni ideal, desde aquel
momento hasta el día de ahora. Gracias a esa reforma política e institucional,
no sólo la democracia salvadoreña ha echado raíces y se han exorcizado los
fantasmas del fraude electoral y los golpes de Estado, sino que el debate político,
la libertad de expresión, la libertad de organización y la diversidad ideológica y
política son una realidad en El Salvador. Y quizás lo más trascendental es que el
Estado ha dejado se ser una amenaza para la sociedad.
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Para quienes no lo recuerden, aunque lo vivieron, y para quienes no lo vivieron
en carne propia, el Estado autoritario —ese que surgió a partir del ascenso de
los militares al poder político en la década de los años 30 del siglo XX— veía a
la sociedad como su enemiga, lo cual quiere decir que la coerción y el miedo
eran lo que emanaba de la institucionalidad estatal —especialmente desde el
aparato de seguridad y desde el sistema de justicia— en contra de la población.
Esa era la normalidad autoritaria, que se expresaba en abierta represión (y
en terrorismo de Estado en momentos críticos) cuando desde la sociedad se
desaaba el orden establecido. Los fraudes, la ausencia de libertades civiles
y políticas, y la violencia institucionalizada eran las notas características de
El Salvador que fue dejado atrás por los Acuerdos de Paz. No es poca cosa; lo
cual no quiere decir que todo sea perfecto en materia política (o que tengamos
una democracia plena o que no haya problemas graves sociales, económicos y
culturales que atender con urgencia).
Esas transformaciones políticas de envergadura se deben a los Acuerdos de Paz,
cuya ejecución en materia política e institucional ha permitido que dinámicas
perniciosas que en el pasado fueron la causa de malestar y de inestabilidad ya
no sean objeto de preocupación en el presente.
Sin embargo, no hay que olvidar que para las generaciones que vivieron durante
el siglo XX (prácticamente hasta la década de los 90) el autoritarismo y sus
dinámicas de exclusión, miedo, terror y anulación de libertades fue una de las
principales preocupaciones.
La otra, sin duda importante, era la exclusión económica, que tenía por base la
explotación de la mano de obra urbana y rural, los bajos salarios y los abusos a
trabajadores y empleados. La expresión de la época era “injusticia económica”,
misma que dio pie a procesos de organización y movilizaciones populares
(sindicales, gremiales, campesinas) que tenían como nalidad revertir los
efectos más graves de esa injusticia económica en los hogares salvadoreños. Así
como la exclusión política era fuente de conictos, también lo era la exclusión
económica. Y por ello es que los Acuerdos de Paz se propusieron atacarla,
planteando la necesidad de un modelo socio-económico más justo e inclusivo
que asegurara la “reunicación” y la “cohesión” de la sociedad salvadoreña.
Lamentablemente, este modelo socio-económico —que era el complemento
de la reforma política democrática— no se construyó. Al mirar hacia atrás, no
se puede dejar de ser críticos acerca de esta enorme falla, pues el modelo
económico que se había comenzado a implantar en 1989, con el primer gobierno
de ARENA, se mantuvo rme y se expandió hasta el momento presente.
Es un modelo agotado, que expulsa población al exterior, que vive de las reme-
sas, que se alimenta del consumo sin límites y que descansa en las maquilas y los
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servicios. Es un modelo excluyente, que se sostiene en la explotación laboral,
los bajos salarios y una mano de obra poco cualicada. Es decir, la injusticia
económica siguió vigente después de 1992, con lo cual una de las apuestas de
los Acuerdos de Paz (terminar con las causas socio-económicas que generaron la
guerra civil) no se hizo realidad. Y sigue a la espera de hacerse realidad.
La mirada hacia atrás en el tiempo para reconocer lo que hemos logrado en
materia política e institucional no debe impedir reconocer aquello en lo que
fracasamos o nos quedamos cortos. Tampoco signica dar la espalda a los com-
plejos problemas y desafíos del presente, que se entienden mejor a la luz de un
recorrido histórico donde no siempre se tuvo la mejor voluntad y no siempre se
controlaron todas las variables en juego. Y lo que es peor, no siempre se tuvo
la mejor visión de aquello que se quería lograr y de los compromisos que había
que asumir.
O sea, más o menos a trompicones, desde 1992 hasta 2017 hicimos un recor-
rido como nación a partir de una hoja de ruta (los Acuerdos de Paz) que nos ha
permitido tener este país que ahora tenemos. Nadie dijo que sería fácil y quien
asegure que pudo haberlo hecho mejor (o que tenía la receta para haber lle-
gado a un mejor puerto) simplemente no sabe de lo que habla.
Ahora bien, el asunto es si ahora estamos mejor preparados para hacer algo
distinto y mejor de cara a los siguientes 25 años. Porque ese es el asunto de
fondo: si queremos un país mejor que el tenemos —es decir, en el que dejen de ser
realidad esos problemas graves que caracterizan a El Salvador en la actualidad—
tenemos que plantearnos seriamente cómo queremos que sea ese El Salvador del
futuro. Pero también debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad que
nos corresponde en su construcción que debería comenzar en este enero 2017.
Ese es el gran desafío que nos plantea este XXV Aniversario de los Acuerdos de
Paz. Podemos dejar pasar la oportunidad de diseñar un país distinto —democráti-
co, inclusivo, justo, solidario y de bienestar para la población— y seguir con las
inercias de siempre. No hay que ser sabios ni profetas: de dejar todo tal cual,
este país tendrá en 2042, dentro de 25 años, problemas más complejos e irre-
solubles que en el presente, sin importar quién controle el Ejecutivo, cuántos
diputados haya en la Asamblea Legislativa o cómo los magistrados interpreten
la Constitución.
San Salvador, 9 de enero de 2017
