TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
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No.
SSN 1994-733X, Editorial Universidad Don Bosco,
año 20, No.40, enero-junio de 2022, p.21-47
ISSN 1994-733X, Editorial Universidad DonBosco,
year 20, No.40, enero-junio 2022, p. 21-47
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La protesta social durante el Gobierno de Mauricio
Funes-FMLN
1
Sandra Vanessa Ramos Vidal
2
Resumen
Este artículo analiza las principales protestas ocurridas durante el Gobierno
efemelenista de Mauricio Funes y cómo éste respondió a las movilizaciones
colectivas, ya que se identicaron pequeños picos de protestas. El análisis
se centra en la protesta social y en algunas de sus variables clave como el
conictograma, los repertorios de acción colectiva, los actores demandantes
y demandados, la zona geográca del conicto, los campos de conictividad,
las demandas, los procesos enmarcadores, la radicalidad y los picos de la
protesta, y la respuesta del Gobierno. El estudio se realizó a través de métodos
cualitativos y cuantitativos. Como resultado principal se identicó que las
protestas buscaron mejorar las condiciones de existencia y el funcionamiento
institucional y que el Gobierno respondió a las movilizaciones con rechazo y
estableciendo una mesa de diálogo con algunos actores claves.
Palabras clave: protesta social, ciclos de protestas, repertorios de acción,
respuesta del Gobierno.
Abstract
This article analyzes the main protests occurred during the FMLN Government
of Mauricio Funes and how this respond to the collective mobilization, since
some small peaks of protests were identied. The analysis focuses on the social
protest and some of its key issues as the conictograma, the repertoires of
Este articulo está basado en el tercer capítulo de la tesis titulada “El conicto social entre
los movimientos sociales y el primer gobierno del FMLN” para optar al grado de licenciatura en
sociología. El artículo ha sufrido algunas modicaciones respecto al estilo en cómo se presentan
las grácas en la tesis. La tesis se puede consultar en la siguiente dirección: http://ri.ues.edu.sv/
view/creators/Ramos_Vidal=3ASandra_Vanessa=3A=3A.default.html
También el capítulo III de la tesis se ha presentado a manera de ponencia en el reciente Congreso
Centroamericano de Sociología XVII y en el IX Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas.
Salvadoreña. Licenciada en Sociología por la Universidad de El Salvador. Correo electrónico:
vannevidal7@gmail.com.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
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collective action, the claimant actors and defendant’s actors, the geographical
area of the conict, the elds of conict, the demands, the framing processes,
the radicalization, the protest peaks, and the Government response. The study
relies on qualitative and quantitative methods. The main results were that the
protests pursued to improve the conditions of existence and the institutional
functions while the Government responded rejecting the protest and creating a
negotiation space with some key actors.
Key Words: social protest, protest cycle, repertoires of action, Government
response.
Introducción
Este artículo tiene por objetivo identicar y describir las principales protestas
que surgieron durante el Gobierno del FMLN bajo la presidencia de Mauricio
Funes en el año 2012-2013, ya que durante ese periodo se evidenciaron fuertes
coyunturas en las que se expresó el descontento hacia éste por parte de un grupo
de actores colectivos pertenecientes al campo de los movimientos sociales.
En el contexto político, económico y social en donde se desarrollaron las
movilizaciones colectivas existieron factores políticos y económicos de
exclusión; ya que la pobreza, el desempleo, el acceso precario al derecho a la
salud y el problema de la emigración estuvieron presentes, así como también
la continuación de un mismo escenario económico, político y social de las
anteriores administraciones del partido ARENA (Wolf, 2012).
En ese sentido, en la primera administración gubernamental se generó cierta
inestabilidad en las alianzas que se habían construido entre el FMLN y algunos
gremios sindicales pertenecientes al campo de los movimientos sociales y
sectores populares, debido a que existió cierto descontento en la población que
votó a su favor, ya que no cumplió con las grandes expectativas de cambio que
había generado durante el periodo electoral para el triunfo presidencial del
2009 (Lewit, 2014), a pesar de que se había auto identicado como el primer
gobierno de izquierda en El Salvador.
Para poder analizar las protestas fue necesario identicar la conictividad
existente y sus conictos, haciendo uso de la teoría sobre el conicto social; por
ejemplo, Calderón (2012) expresó que la conictividad puede tomar distintas
formas y características, dependiendo de la tipología de las demandas, los
actores que se movilizan, los repertorios de acción y los niveles de violencia
que se utilizan.
Según Sarti y Aguilar (2006), citados en Calderón (2012), la conictividad es una
resultante histórica que deviene a partir de situaciones complejas, de conictos
multidimensionales y multicausales que con el tiempo sus raíces más profundas
no lograron resolverse.
Desde ese punto de vista, la conictividad puede expresarse en diferentes
campos y estos pueden denirse “como el conjunto de acciones y demandas
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construidas por los diferentes actores sociales que expresan sus identidades,
intereses, producciones y orientaciones, y que remiten a las relaciones sociales
involucradas y a los intereses de poder en juego” (Calderón, 2012, pág. 126).
En este trabajo, los campos se han diferenciado en cuatro tipos signicativos,
por ejemplo, el campo de conictividad por mejorar las condiciones de vida y
de trabajo, cuyas demandas reeren a cuestiones salariales, laborales y por una
mejor calidad de vida.
Tomando en cuenta los campos de conictividad mencionados por Calderón
(2012), se identicó el campo de conictividad de la gestión institucional, cuyas
demandas surgen a partir de una cuestionable gestión administrativa, mala
prestación de los servicios públicos, por cuestionamiento o el reconocimiento
de una autoridad pública; y el campo de los conictos culturales, en donde
los actores colectivos se movilizaron por la inseguridad ciudadana, por
cuestiones ideológicas políticas, por falta de recursos medioambientales, por
el cumplimiento de los derechos humanos, por el reconocimiento de valores,
creencias e identidades, entre otros.
Y, por último, el campo de conictividad de participación política, en donde las
personas protestaron al no ser tomados en cuenta en el ejercicio de la política
institucional.
Para ello, se realizó un análisis general sobre cuál fue la panorámica de la
protesta social durante el periodo 2012-2013; ya que durante estos años se
evidenció cierto descontento por parte de la población, debido a la insatisfacción
o la violación de los derechos laborales y sindicales; por ejemplo, se realizaron
movilizaciones por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (STISSS), por el Sindicato de Médicos Trabajadores del Hospital
Nacional Zacamil (SIMEHZAC) y por el Sindicato de Trabajadores de la Salud
(SITRASALUD), entre otros actores.
Los trabajadores del sector salud generalmente demandaron el cumplimiento
del escalafón, la destitución del Director del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) acusado de violar una serie de cláusulas del Contrato Colectivo (Co
Latino, 2012), (Recinos, 2012), (LPG, 2012); por difamación hacia los líderes
sindicales (LPG, 2012), falta de insumos para poder desempeñar sus funciones
laborales, arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de las jefaturas y
hostilidad laboral (Miranda, 2012), entre otras demandas.
Por otro lado, existieron otros actores sociales que expresaron el descontento
hacia las medidas políticas, económicas y sociales adoptadas por el Gobierno
de Funes-FMLN que perjudicaron de forma parcial o total a la población; por
ejemplo, las protestas realizadas por las gremiales empresariales del transporte
colectivo, como la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS),
los Empresarios del Transporte de Pasajeros en Autobuses (ATP), la Federación de
Asociaciones Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios Transportistas
Salvadoreños (FECOATRANS), entre otras.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
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Estos actores realizaron movilizaciones colectivas principalmente por la falta de
prórroga e incumplimiento del subsidio del transporte colectivo o compensación
económica, por parte del Gobierno; por la ejecución del proyecto insignia
del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
(SITRAMSS) (Ramirez, 2013) y por la implementación de la tarjeta SIPAGO
3
(Peñate S. , 2013).
De esa manera, el estudio se centra en la manifestación empírica del conicto,
el cual reere al análisis de la protesta social cuyas variables para entender su
denición operativa son: el conictograma, los repertorios de acción, los actores
demandantes y demandados, la zona geográca del conicto, los campos de
conictividad, las demandas, los procesos enmarcadores, la radicalidad y los
picos de la protesta y la respuesta del Gobierno; esta última como un indicador
clave que permitió analizar su capacidad de gestión del conicto.
Para dar respuesta al objetivo, se utilizó una estrategia metodológica cualitativa
y cuantitativa; potenciando en mayor medida el análisis interpretativo a
partir de los datos cualitativos, ya que se han analizado de forma coherente y
fundamentada las protestas que buscaban alcanzar un claro objetivo a través de
un medio pacíco, semi-violento o violento.
La identicación y selección de las protestas se realizó principalmente a través
de la revisión hemerográca, la que consistió en la lectura de los periódicos
de El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráca (LPG), y en menor medida el Co
Latino y El Faro; ya que los dos primeros son los periódicos de mayor circulación
dentro del país, sin desmedro de la lectura crítica de libros, revistas y artículos
coyunturales del momento.
El criterio de selección fue que los actores colectivos debían de expresar un
descontento hacia la administración gubernamental de Funes durante el periodo
2012-2013; y, en consecuencia, los manifestantes debían realizar acciones
colectivas con dos o más personas que pertenecieran al sector público, privado
o semi privado y que ejercieran presión para lograr un determinado objetivo
que es incompatible con el actor demandado.
En ese sentido, la revisión hemerográca implicó la lectura de los periódicos.
Para esto, se tomaron fotografías de los reportes periodísticos que informaban
sobre las protestas realizadas; se elaboró simultáneamente una cronología
del conicto donde se identicaron los principales picos de protestas y se
elaboraron chas de trabajo en donde se escribieron las principales variables
que la caracterizaron.
El proyecto del Sistema Integrado Prepago (SIPAGO) consistió en la implementación de una
tarjeta electrónica que tenía que ser recargada por el usuario con un monto de $0.50. Esto generó
descontento ya que muchas veces los recorridos que los pasajeros hacían, en la realidad tenían
un precio menor a los $0.50, pero al utilizar la tarjeta no podían recortar el monto, dado que al
cancelar el pasaje se les cobraba una cantidad ya jada. Esto para las personas fue considerado
como un robo por parte del Gobierno y por tanto se rehusaron a utilizar la tarjeta prepago.
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Con la cha de trabajo y la identicación de las variables se construyó una
matriz de datos en el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
a partir del cual se realizaron grácas y tablas estadísticas.
Algunas de las limitantes que contiene este trabajo es que los reportes
periodísticos, principalmente de LPG y EDH, pudieron estar inuenciados por un
discurso mediático político ideológico posicionado un poco más a la derecha; sin
embargo, para ello, se contrastaron algunos de esos reportes con los periódicos
del Co Latino que se posicionan más a la izquierda y de El Faro que realiza
periodismo de investigación.
1. Conictograma 2012-2013
Para Kriesberg (1999, págs. 190-191), citado en Calderón (2012), el
conictograma se dene como un gráco que permite realizar un seguimiento
sobre una escala predeterminada de cómo la dinámica del conicto sufre
procesos de radicalización y de desescalamiento a lo largo de una línea
temporal. El primero, signica un movimiento ascendente hacia magnitudes
mayores de conducta conictiva y el segundo, representa un desplazamiento
hacia magnitudes menores.
En ese sentido, la construcción de un conictograma sistematizó la información
de las protestas y los conictos que existieron en el territorio salvadoreño
y presentó un panorama general del desarrollo de estos, ya que mostró los
ascensos y descensos del nivel de conictividad y puntos de inexión.
Los picos de la protesta se constituyeron en una variable que identicó de
forma concreta la dinámica y los estados de los conictos que se desplegaron
en el marco de la conictividad. Estos mostraron recurrentes coyunturas
conictuales que adquirieron un nivel de ascenso, de clímax y de declive.
Por ascenso se entiende la fase en la cual la protesta tiende a radicalizarse; por
clímax como la fase más álgida del conicto que puede expresarse en algunos
casos en violencia; y por declive, como la fase de la pérdida de fuerzas de los
actores en contienda debido a aspectos objetivos y subjetivos, por ejemplo,
el cansancio, la represión, una respuesta favorable y rápida de parte del
Gobierno, entre otros aspectos.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
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Gráco N° 1
Conictograma 2012-2013
El gráco 1 muestra tres signicativos picos de protestas. El primero de ellos
se gestó en agosto del 2012 y declinó rápidamente en noviembre de ese año
después de haber alcanzado su clímax en octubre; luego en el mismo mes de
noviembre, igualmente de forma rápida, empezó a gestarse un segundo pico,
siendo éste un poco más intenso y rápido en comparación con el anterior, ya
que el primero alcanzó 21 hechos de protestas en el mes de octubre del año
2012 y el segundo alcanzó 24 en el mes de febrero del 2013; lo que signica
que, entre los dos primeros picos existió una dinámica de conictividad de
aproximadamente 7 meses, comenzando a nales del año 2012 y terminando a
principios del 2013.
Las movilizaciones adquirieron un nivel intenso cuando las demandas no
tuvieron una respuesta favorable para los manifestantes; esto se demuestra
entre los meses de agosto y septiembre del año 2013, cuando se gestó y
ascendió rápidamente un tercer pico mucho más signicativo respecto a los dos
anteriores, el cual alcanzó su clímax en octubre y sufrió una rápida desescalada
entre los meses de noviembre y diciembre de ese año.
En octubre del 2013, el tercer pico alcanzó los 41 hechos de protestas y casi
duplicó su magnitud respecto a los anteriores, ya que éste último se extendió
por más tiempo (4 meses). Por otro lado, en los tres picos se pueden observar
dos similitudes importantes; la primera es que tardan alrededor de dos meses
en ascender; y la segunda es que, de igual forma, se demoran alrededor de un
mes en decaer.
Los motivos por los cuales los picos ascienden y decaen están en relación con
la respuesta del Gobierno que se estudia con mayor detalle en el apartado nal
de este trabajo.
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Tomando en cuenta la denición de radicalización que se ha explicado en el
conictograma, en el gráco N°1 podría identicarse que existió una mayor
radicalización de la protesta en el tercer pico, ya que es ahí donde alcanzó su
clímax.
1.1. La protesta social
Aparte de la identicación de los picos de protesta, para comprender su dinámica
fue importante analizar los actores demandantes y demandados, los repertorios
de acción, las demandas, los conictos y los campos de conictividad.
Tal como se muestra en el gráco 2, de los trescientos treinta y tres
hechos de protestas acontecidos, el 56.1% de ellos fueron protagonizados por
los trabajadores del sector público, el 23.8 % por los trabajadores del sector
privado y el 20.1% por actores pertenecientes a la sociedad civil
4
.
Por otra parte, la mayoría de los conictos se estructuraron a partir de los
sectores públicos y las comunidades (excepto el conicto que se expresó en
el sector de los trabajadores del transporte colectivo) y otros sectores no
estructurados en las redes formales y productivas, por ejemplo, redes de
organizaciones u ONGs.
En concreto, esto signica que los principales actores signicativos
5
que se
movilizaron fueron, en primer lugar, los trabajadores del Ministerio de Salud
(MINSAL) con el 27.4%; en segundo, los trabajadores del transporte colectivo
con el 20.1%; en tercero, los trabajadores del Ministerio de Educación (MINED)
con el 15.8%; y en cuarto, las comunidades con el 8.6%, tal como se muestra
en el gráco N°3.
Gráco N° 2
Tipo de actores
Se concibe el concepto de sociedad civil como un concepto descriptivo y no teórico, ya que se está
tratando de identicar un grupo de actores colectivos que se caracterizaron por no ser estatales y
por no tener un arraigo en gremios sindicales. Estos no están insertados en una estructura particular
del Estado, sino que más bien es un conjunto de diversos individuos.
Signicativos porque el actor denominado “otros” no se tomó como signicativo, pese a que su
porcentaje sea de un 19.8%; dado a que contiene un conjunto de diversos actores que no realizaron
protestas de forma constante en todo el periodo de estudio; ya que esporádicamente aparecieron
aprovechando las coyunturas y luego desaparecieron sin darle una continuidad a la protesta.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
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En ese sentido, la mayoría de los conictos se estructuraron a partir de los
sectores públicos y las comunidades; y las únicas protestas que aparecieron en
la zona laboral del ámbito privado fueron las realizados por los trabajadores
del transporte colectivo y algunos vendedores por cuenta propia.
Gráco N° 3
Actores demandantes 2012-2013
Por otro lado, al observar el gráco N°4 se identicó que desde los sectores
especícos que recibieron la demanda, los principales actores demandados
fueron, en primer lugar, el MINSAL con el 27.7%; en segundo lugar, la
presidencia, que incluye su Secretaría Técnica, con el 26.4%; en tercer lugar,
otros
6
actores con el 14.5%; y en último lugar, un 13.9% que corresponde a
las autoridades del MINED.
Respecto a los actores demandados también se conrmó la tendencia
prevaleciente en América Latina, en donde el Estado sigue siendo el principal
actor demandado (Calderón, 2012); y, entre este, preferentemente el órgano
ejecutivo (presidencia), que se posiciona en segundo lugar.
Es importante identicar que dentro de los actores demandados se encuentra en tercer lugar a
“otros” actores (14.5%). Esto precisamente responde a la heterogeneidad de manifestantes que
protestaron, cuyas demandas fueron dirigidas a diversos ministerios del Gobierno.
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Gráco N° 4
Actores demandados 2012-2013
En cuanto a las demandas, estas no se realizaron necesariamente dentro del
sector donde apareció el conicto, ya que presidencia se encuentra en segundo
lugar como uno de los actores más demandados y esto fue principalmente
porque las personas que protestaron identicaron que el Gobierno, el cual se
había auto identicado como de “izquierda”, estaba moral y políticamente
comprometido con satisfacer las demandas; y las que aparecieron, por ejemplo,
en los sectores de educación, transporte y comunidades fueron dirigidas
en varias ocasiones al presidente, vicepresidente y secretario técnico de la
presidencia.
Al analizar los hechos de protestas desde la zona del conicto donde estos
ocurrieron, la mayoría se presentó en el Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS); ya que la presencia de las actividades productivas, comerciales,
nancieras, administrativas y coercitivas del aparato estatal se concentran
precisamente ahí; por tanto, la mayor cantidad de movilizaciones ocurrieron
en esa zona. En algunos casos, incluso, actores de las zonas periféricas o de
municipios lejanos a la capital de El Salvador se manifestaron ahí.
Es evidente que la misma concentración económica e institucional ha contribuido
a que la cobertura mediática de las protestas realizadas en las periferias de la
AMSS, no se haya realizado de la misma forma como las que ocurrieron dentro
de la capital; debido a que aquellas acciones colectivas no fueron reportadas
por los medios de comunicación; a no ser, cuando los trabajadores de la salud,
educación y del transporte colectivo realizaron paros y huelgas laborales a nivel
nacional; ya que, por ejemplo, algunos gremios sindicales tenían diferentes
seccionales en los departamentos del país. Solo en estos casos, los medios
de comunicación dieron una cobertura a nivel nacional, debido a que, las
movilizaciones se prolongaron de forma consecutiva hasta aproximadamente
por una semana.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
41
Con respecto a los repertorios de acción utilizados, el pronunciamiento
público fue el más usado por los manifestantes; lo que signica que, aunque
existieron tres picos de protesta signicativos durante el periodo de estudio,
difícilmente ellos pudieron romper de manera alternativa las normas del orden
social vigente; tomando en cuenta que, dependiendo del contexto económico,
político y social, la existencia de violencia podría ser un factor necesario para
que la acción colectiva incidiera en realizar cambios a favor de los actores
demandantes; sin embargo, esto no sucedió ya que éstos no realizaron una
contienda transgresiva, porque la forma en cómo cuestionaron al Gobierno se
vio absorbida por una relación de una contienda contenida que les imposibilitó
romper con el orden existente y generar presión hacia los demandantes.
Los autores McAdam, Tarrow y Tilly, (2005) consideran que la contienda contenida
se da cuando los manifestantes están previamente establecidos y emplean
medios bien instituidos de reivindicación; o sea, cuando todas las partes en el
conicto están previamente establecidas como actores políticos constituidos; y
la contienda transgresiva sucede cuando al menos alguno de los participantes
en el conicto es un actor político recientemente auto identicado o algunas
de las partes emplea acciones colectivas innovadoras, si es que incluye auto
representaciones colectivas o adopta medios que no tienen precedentes o que
están prohibidos en el régimen.
Por otro lado, el gráco N° 5 muestra los principales repertorios que estuvieron
a la base de los picos de la protesta; por ejemplo, en primer lugar se utilizó
el pronunciamiento público; en segundo las marchas y bloqueos de calle; y en
tercero el paro laboral y la huelga.
En el segundo pico también se utilizó en primer lugar el pronunciamiento
público; en segundo el paro laboral y la huelga; y en tercero la marcha y bloqueo
de calle.
Sin embargo, el tercer pico de protesta fue muy diferente en comparación a
los otros dos, ya que los demandantes realizaron acciones con un poco más de
presión hacia el Gobierno; puesto que se utilizó el paro laboral y la huelga como
principal repertorio; en segundo y con muy poco margen de diferencia estuvo
el pronunciamiento público; y, en tercer lugar, las marchas y bloqueos de calle.
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Gráco N° 5
Repertorios a través del tiempo 2012-2013
Por tanto, al comparar los tres picos se observó que en el tercero se realizaron
acciones más disruptivas que generaron tensión en las relaciones entre los
demandantes y el Gobierno.
No obstante, al observar la dinámica de la protesta desde una perspectiva
general se identicó que fue el pronunciamiento público el principal repertorio
de lucha.
Por otro lado, tal como ya se ha mencionado en la introducción del artículo,
se identicaron tres principales campos de conictividad; y las protestas se
concentraron, en primer lugar, en el campo de la gestión institucional con el
56.1%; en segundo, en el campo de las condiciones de vida y de trabajo con
el 38.3%; en tercero, en el campo de los conictos culturales con el 3.3% y en
cuarto en el de la participación política con apenas el 1.7%. (Ver gráco N° 6).
En primer lugar, la mayoría de los conictos ocurrieron en el campo de la
gestión institucional cuya conictividad surgió por el cuestionamiento al
funcionamiento institucional y no al cuestionamiento del sistema como tal.
Las personas protestaron buscando mejorar la institucionalidad, entendida
en sus aspectos más prácticos como gestión y prestación de servicios
básicos, exigencias de recursos, ética en la función pública, problemas con
el cumplimiento de la ley, entre otros aspectos.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
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Gráco N° 6
Campos de conictividad
7
Fuente. Elaboración propia con base en datos de LPG, EDH, el Co Latino
y El Faro (2012-2013)
En segundo lugar, se encuentra el campo de las condiciones de vida y de
trabajo con el 38.3%, cuyas demandas buscaban mejorar principalmente las
condiciones laborales y salariales y no tanto las condiciones de vida a nivel
general de la población.
Las demandas que se encuentran dentro del campo de las condiciones de vida y
de trabajo, las cuales se relacionan con el aspecto económico, pueden cotejarse
con la percepción que manifestaron los salvadoreños durante la encuesta de
opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) en
el año 2013; ya que, el 39.6% de los salvadoreños expresó que· la economía
nacional empeoró; el 39.4% consideró que siguió igual, mientras que solo el
20.9% creyó que esta mejoró durante ese año (IUDOP, 2013 ).
Para el periodo de estudio no todas las demandas fueron resueltas por
la administración Funes-FMLN, pese a que el partido había apoyado las
movilizaciones inducidas por la globalización a nales del siglo XX y principios
del siglo XXI (Almeida, 2011).
En tercer lugar, se encuentra el campo de los conictos culturales con un
3.3%; debido a que, en El Salvador, se realizan pocas protestas en defensa
del medio ambiente, recursos naturales o por el reconocimiento a las
identidades. Las demandas por reconocimiento implican el respeto a las
diferentes ideologías, identidades y valores; la defensa por la igualdad,
equidad y no discriminación contra las mujeres, grupos étnicos, comunidad
LGTBIQ, entre otros.
El gráco 6 no presenta el 100% de los datos, ya que existe un 0.7 % que pertenece a datos
perdidos, debido a que, en dos hechos noticiosos no se identicó claramente el campo conictual
donde se realizaba la protesta.
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Por último, el campo de conictividad de la participación política obtuvo un
1.7%, ya que las personas pocas veces protestaron exigiendo ser tomados en
cuenta en el ejercicio de la política institucional y en la participación de las
decisiones gubernamentales.
El gráco 7 muestra que, en primer lugar, los actores colectivos realizaron
demandas por mejorar las condiciones de vida y de trabajo (37.3%); en
segundo, por falta o deciencia de los recursos (21.5%); en tercero, por la
falta de transparencia o ética en la función pública (16.8%); y, en cuarto
lugar, con un 15.5% por rechazar la aplicación o reformas a leyes o medidas
políticas que se intentaron aplicar y que sus efectos precarizaban las
condiciones laborales.
De las cuatro principales demandas solo la que reere a las condiciones
de vida y de trabajo (37.3%) perteneció al campo de conictividad de las
“condiciones de vida y de trabajo”, mientras que las otras, a excepción
de las demandas denominadas como “Otras” pertenecieron al campo de la
“gestión institucional”, haciendo un total entre ellas de un 57.4%.
Gráco N° 7
8
Las demandas
Esto signica que más de la mitad de las demandas se realizaron en el
campo de conictividad de la gestión institucional y aunque existió cierta
dispersión y heterogeneidad en los manifestantes que se movilizaron, hubo
similitud en las reivindicaciones que expresaron, ya que la mayoría de
estas se encontraron en el campo antes mencionado. Esto demuestra que
existió cierto descontento de la población respecto a la forma en como el
Gobierno utilizó la política, los recursos e instituciones y puso de maniesto
cierta ineciencia de los actores demandados durante el desempeño de sus
funciones públicas.
El gráco reeja en total un 99.3% de las demandas, existe un 0.7% que reere a datos perdidos.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
45
Por otro lado, Calderón (2012) argumentó que en América Latina durante
los años 2009 y 2010 existió la tendencia a que la mayoría de las personas
protestaron y realizaron demandas que referían a conictos de tipos laborales
y salariales pertenecientes al campo de la reproducción social, mientras que
para el periodo de estudio, al menos en El Salvador, este patrón cambió
debido a que generalmente las personas se movilizaron por problemas que
se originaban dentro del campo de conictividad de la gestión institucional.
En ese sentido, las demandas que se realizaron dentro de ese campo, con
el paso del tiempo, al no ser gestionadas o concedidas por el Gobierno se
transformaron en diferentes, pero sin dejar de pertenecer al mismo campo.
Por otro lado, en algunos de los conictos y demandas provenientes del
campo de conictividad de las condiciones de vida y de trabajo, al no ser
rápidamente gestionadas por el Gobierno evolucionaron y se convirtieron en
demandas de gestión institucional, con la diferencia de que, en este caso,
los conictos también lo hicieron y dejaron de pertenecer al campo donde
originalmente se desarrollaron para pasar a pertenecer al de la gestión
institucional.
Estos conictos y demandas que evolucionaron hacia el campo de la gestión
institucional lo hicieron en menor medida en comparación a la evolución
y variabilidad de las que se originaron dentro del mismo campo de gestión
institucional.
A continuación, se explica la gura N° 1, en donde D1 es la demanda inicial
de un conicto en particular, pero D1 evoluciona y se transforma en D2 (otra
demanda). En este caso, D2 es el resultado de la transformación de D1 (la
demanda inicial).
Figura N° 1
Demandas y campos de conictividad
Fuente. Elaboración propia basada en datos de LPG, EDH, el Co Lano y El
faro (2012- 2013)
TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
46
Es importante destacar que, al menos para este estudio, la transformación
y variabilidad de la D1 que perteneció al campo de las condiciones de vida
y de trabajo implicó no en todos los casos una evolución del conicto de un
campo hacia otro.
La transformación y variabilidad de las demandas indica que en algunos casos
los actores que se movilizaron por conictos provenientes del campo de las
condiciones de vida y de trabajo fueron capaces de ir un poco más allá,
al identicar que el problema no estaba, por ejemplo, en que el Gobierno
no les cancelara el subsidio del transporte colectivo hacia las gremiales
empresariales; ya que para ellos el problema se expresaba a partir de un
funcionario incapaz de satisfacerles sus necesidades y de gestionar los
recursos nancieros.
Además, en algunos casos, los actores que protestaron en el campo que
anteriormente se ha mencionado fueron capaces de combinar las demandas
en diferentes campos de conictividad. Por ejemplo, los sindicalistas de 27
hospitales públicos que realizaron paros laborales exigiendo el cumplimiento
del escalafón
9
(Carranza, 2013), al no ser escuchados, comenzaron a exigir
la destitución de los funcionarios públicos
10
ante el descontento de la falta
de escucha y la inecacia de la función pública. Asimismo, Los manifestantes
demandaban de la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, les concediera
el escalafón que les garantice el incremento salarial para 2014. También
pedían su renuncia y la destitución de su grupo de asesores en los que se
gastan onerosas sumas de dinero, sin obtener mayores resultados (López,
2013). En ese caso, existió una variabilidad en la demanda inicial, pero esto
no signicó que cambiara el conicto ni los intereses iniciales que motivaban
la protestas, el cual era el cumplimiento del escalafón de los trabajadores
del ministerio de salud.
Por otro lado, también existió variabilidad en las demandas dentro de un
mismo campo de conictividad y este es el caso de las que se realizaron por
la aplicación de medidas políticas (15.5%) o por la falta de recursos (21.5%),
ya que al no ser respondidas satisfactoriamente, las demandas tendieron a
variar y se transformaron principalmente en reivindicaciones que referían
a la ética, transparencia y efectividad en el servicio de la función pública
(16.8%); debido a que, los manifestantes comenzaron a exigir la destitución
o renuncia de los funcionarios ante la falta de interés en la gestión del
conicto, ante una actitud de mediocridad a la solución de los problemas y
ante una tendencia al debilitamiento de la protesta.
Esto signica que las demandas que se vincularon a la ética en la función
pública fue en gran medida resultado de la variabilidad de las peticiones que
se realizaron por medidas políticas y por la falta de recursos.
La nivelación salarial es una demanda que reere al campo de conictividad de las condiciones de
vida y de trabajo.
10
La destitución de los funcionarios públicos es una demanda que se encuentra en el campo de
conictividad de la gestión institucional.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
47
2. Procesos enmarcadores
Retomando la denición de Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer N.
Zald, (1999), en este estudio se han denido a los procesos enmarcadores
como:
Los signicados compartidos y conceptos por medio de los cuales
la gente tiende a denir su situación. A los esfuerzos consientes
realizados por grupos de personas en orden a forjar formas
compartidas de considerar el mundo y así mismas que legitimen y
muevan a la acción colectiva.
En ese sentido, los procesos enmarcadores pueden considerarse como
marcos
11
interpretativos culturales e ideológicos mediante los cuales los
actores percibieron su realidad, incluidos los agravios y además justicaron
su acción concreta, contribuyendo de esa manera al surgimiento de la acción
colectiva.
Partiendo de un análisis inductivo, fue posible generar dos tipos de marcos
interpretativos mediante los cuales los actores concibieron sus problemas
y a la vez justicaron su acción. En primer lugar, estuvieron los marcos
culturales reformistas defensivos, en donde los manifestantes justicaron
sus luchas ya sea arguyendo a las difíciles condiciones laborales y de vida o al
mal funcionamiento institucional del aparataje estatal que a menudo tiende
a redundar en una insatisfacción de las condiciones de vida.
Estos, particularmente se caracterizaron por ser defensivos en el sentido de
que sus luchas fueron realizadas ante amenazas o ataques directos que otros
actores ejecutaron en su contra, tales como recortes salariales, pérdida de
bonos o escalafones, eliminación de subsidios, etc.
Un ejemplo de ese tipo de marco interpretativo se encuentra cuando Bases
Magisteriales presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en contra del Ministerio de
Educación:
Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales,
argumentó que las tres instancias habrían favorecido un
fraude electoral durante las elecciones que se llevaron a cabo
a nes del año anterior [2012] para escoger a los docentes
que representarán al magisterio ante el Tribunal de la Carrera
Docente, el Tribunal Calicador de la Carrera Docente y las
quince Juntas de la Carrera Docente.
“Como sólo eran dos votos de diferencia vieron la posibilidad
de hacer el fraude”, insistió López [...] “Eso sólo se pudo
hacer con aval del ministro de Educación. Simplemente,
declararon improponible el recurso que Bases les presentó
11
De aquí en adelante se les llamará “marcos”
TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
48
y validaron la elección de la señora
12
sin haberse reunido ni
cotejado votos”, declaró (Joma, 2012).
También, estos marcos son reformistas porque dentro de sus proyecciones
culturales e ideológicas no estuvo el cambiar el modelo de acumulación
neoliberal, ni el sistema capitalista en su conjunto. Por tanto, las demandas
que se realizaron dentro de estos marcos o procesos enmarcadores exigieron
mejoras salariales, laborales y de vida; por ejemplo, restitución laboral,
mejoramiento de calles, servicio de agua y electricidad, salud, seguridad
social, exigencia de la derogación de leyes, rechazo a la aplicación o reforma
de políticas estatales, entre otras medidas.
El análisis de los marcos interpretativos coincide con el análisis de los
dos principales campos de conictividad; ya que la mayoría de conictos
surgieron principalmente en el campo de la gestión institucional y en el de
las condiciones de vida y de trabajo.
En segundo lugar y en menor medida estuvieron los marcos culturales
reformistas proactivos. Estos, al igual que los anteriores justicaron la acción
colectiva a partir de mejorar las condiciones de vida y de cuestionar el mal
funcionamiento del aparataje estatal. Sin embargo, la diferencia recae en
que estos no fueron defensivos, sino proactivos, ya que la protesta no fue
una respuesta a los ataques o amenazas por parte del Gobierno, sino a una
búsqueda por mejorar las condiciones de vida y ampliar el funcionamiento
la institucionalidad gubernamental. Por ejemplo, el Sindicato de Médicos del
Hospital Zacamil (SIMEHZAC) realizó muchos paros laborales para denunciar
la carencia de recursos humanos, nancieros, pero principalmente por el
desabastecimiento de medicina y falta de equipo o material para realizar
cirugías.
Al respecto, Milton Brizuela, secretario general del SIMEHZAC y presidente
del Colegio Médico denunció:
La carencia de insumos en el área quirúrgica, desde hilos para
sutura, material de ortopedia y de oftalmología, la falta de
medicamentos como analgésicos posoperatorios, antibióticos...
(…) persisten los problemas de equipo dañado y obsoleto,
como lo dieron a conocer el año pasado sin que se haya
resuelto el problema; una situación que lleva semanalmente
a suspender unas cinco cirugías, otras no se programan por la
falta de material. Al día, generalmente, se hacen de 12 a 15
operaciones.
“Este día (ayer) no hay ni analgésicos para el posoperatorio,
hay desabastecimiento de insumos quirúrgicos, la mayoría
de personas en ortopedia tiene que comprar su material,
los de hernia... porque el hospital no lo tiene; los equipos,
12
Reriéndose a la directora departamental de Educación de San Salvador, Vilma Liliam de Benavides
quien fue parte de la Comisión Electoral, que no cumplió con el recuento y le adjudicó el gane a la
representante de Andes 21 de Junio.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
49
prácticamente, están inservibles”, comentó Brizuela (Cáceres,
Presión alta en el Zacamil: faltan insumos y fondos, 2012).
Lo que tienen en común los marcos reformistas proactivos y los reformistas
defensivos es que no intentaron realizar transformaciones sustanciales en
contra del sistema capitalista, sino solo mejorar las condiciones de existencia
y el funcionamiento institucional, como anteriormente ya se ha mencionado.
Los marcos reformistas proactivos se expresaron principalmente cuando los
trabajadores del MINSAL protestaron exigiendo abastecimiento de medicina
y demás recursos médicos; denunciando la incapacidad del Gobierno
para solucionar las necesidades de los hospitales públicos que afectaban
principalmente a los pacientes.
Durante este contexto, en los medios de comunicación se reportaron varias
protestas en donde los pacientes manifestaban que el sistema de salud
deterioraba cada vez más el derecho a la salud, al no existir un abastecimiento
de medicina y equipo técnico en los diferentes hospitales del país. Por
ejemplo, la paciente Teresa Romero, quien en el 2012 estuvo postrada por
15 días en una cama del Hospital Nacional Zacamil, en espera que su hijo
recolectara $500 para comprar el material de su operación comentó “Vine
al hospital, pero yo no sabía que se compraba el material” (Cáceres, Presión
alta en el Zacamil: faltan insumos y fondos, 2012).
Por otro lado, los trabajadores del sector salud argumentaron que con sus
reivindicaciones buscaban mejorar el servicio institucional para brindar
una mejor atención médica a los pacientes. Por ejemplo, Roberto Pineda,
secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) expresó que era necesario crear
una mesa técnica entre los trabajadores del MINSAL y las autoridades, en la
cual se abordaran los problemas que afectaban la calidad de atención que
recibían los derechohabientes (Ramirez, Médicos del ISSS ganarán entre $160
y $200 más en 2014, 2013).
En ese sentido, las protestas que realizaron fueron motivadas principalmente
por la carencia e insatisfacción de un determinado servicio, por el
incumplimiento de ciertas demandas institucionales (como la exigencia del
escalafón) o la denuncia de determinadas leyes o políticas que deterioraban
las condiciones laborales, tal es el caso de los trabajadores de SITRASALUD
y del SIMEHZAC, quienes ante el desabastecimiento de medicina y de equipo
técnico del hospital Zacamil, el 7 de febrero del 2012, a través de un
pronunciamiento público amenazaron con realizar paros laborales a nivel
nacional; y Silvia Navarrete, secretaria de SITRASALUD expresó que habían
denunciado toda la problemática que se había dado desde hace dos años,
pero que no se había solucionado y de no tener respuesta favorable, se
reservaban el derecho de realizar acciones de hecho en el hospital, las que
podían extenderse a nivel nacional (Cáceres, 2012).
TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
50
Dentro del sector educación, las noticias de LPG informaron que el 22 de
febrero del 2012, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación
(ATRAMEC) de Usulután envió una carta al ministro de Educación ad honórem
y vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para solicitar
la destitución de la directora departamental Raquel de Flamenco, donde
la acusaban de “prepotencia, represión y reaccionaria sindical contra
ATRAMEC, maltrato al personal (tanto docentes como administrativos), así
como privilegios y amiguismo en sus relaciones laborales” (LPG, Sindicato
reclama destitución de directora del MINED, 2012).
Por otra parte, los marcos reformistas defensivos, también se expresaron
dentro del sector transporte, quienes protestaron a través de pronunciamientos
públicos por el retraso del subsidio al transporte colectivo por parte de la
administración Funes. En ese sentido, Rodrigo Contreras Teos, representante
de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT) expresó “Le
hemos dado un espacio al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que
resuelva el problema de la falta de rentabilidad del transporte colectivo…
tampoco vamos a esperar mucho tiempo, esperamos que en enero tengamos
la solución” (Ayala, 2012).
De no tener los actores demandados una solución inmediata, Rodrigo
Contreras Teos amenazó con aumentar el pasaje al transporte colectivo
porque en cierta manera se habían sentido defraudados, ya que habían
estado negociando, pidiendo y hablando con todas las fracciones políticas
(Peñate, 2012).
3. Respuesta del Gobierno
El estudio de la respuesta del Gobierno es parte del análisis de la caracterización
de la protesta social ya que el tipo de respuesta ante las demandas podría
inuir en la forma en cómo y por qué se realizó la acción colectiva y con ella
se puede descubrir en cierta manera qué tipos de relaciones se establecieron
entre los actores demandantes y demandados y comprender la forma en
cómo la administración gubernamental de Funes-FMLN gestionó los conictos
en relación a la capacidad de su gestión.
El Gobierno respondió de varias formas ante las demandas realizadas; sin
embargo, en este apartado, el análisis se enfocará en las tres principales.
Al observar el gráco 8, se identicó que la principal respuesta fue refutar
el sentido de la demanda, la cual consistió en rechazarla directamente diciendo
lo contrario. Por ejemplo, el STISSS realizó varios paros laborales en diferentes
hospitales denunciando que estaban siendo obligados a trabajar más horas de
las que la ley mandaba. Roberto Méndez, secretario de conictos del STISSS
expresó que, si las acciones continuaban, denitivamente el sindicato iba a
responder; sin embargo, ante los paros laborales, las autoridades aseguraron
que estaban cumpliendo con lo que mandaba la ley, que el paro de labores
era injusticado y que los sindicalistas no presentaron pruebas por escrito de
las denuncias (Cáceres, 2012).
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
51
Gráco N°8
13
Principales respuestas del Gobierno de Funes-FMLN
También, a través de esa respuesta, los actores demandados justicaban la
falta de nanciamiento para conceder la demanda o negaban haber alcanzado
compromisos con los manifestantes para resolver los conictos. De esa manera
los funcionarios se desligaron de sus responsabilidades y no respondieron
ecazmente ante las demandas.
La segunda forma en cómo el Gobierno respondió fue desestimando la protesta,
la cual implicó el repudio y creer que ésta buscaba desprestigiar o desmejorar su
imagen, principalmente cuando las autoridades públicas establecieron una mesa
de diálogo y negociación con los actores demandantes. Para la administración
de gubernamental la iniciativa contribuía a solucionar el conicto, pero
en la mayoría de los casos, los manifestantes realizaron actos de presión
considerando que no bastaba la existencia del diálogo entre los demandantes
y los demandados, ya que era necesario tener avances signicativos y rápidos
durante el proceso y, por tanto, era necesario continuar realizando actos de
presión.
Es por ello que los actores demandados catalogaron a la protesta como un
abuso y atropello hacia la voluntad de las autoridades estatales. En ese sentido,
también se les acusó de romper con el proceso de negociación que el Gobierno
tenía con los demandantes y consideraron que no era posible que existiendo una
mesa de diálogo continuaran movilizándose y presionando.
13
El gráco reeja un total de 218 respuestas del Gobierno identicadas en los periódicos
revisados durante el periodo de estudio, las que se agruparon en 13 tipos. Para el registro de la
protesta se obtuvo la limitante de que no todos los medios noticiosos la reportaron.
TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
52
Otra de las formas del por qué muchas veces se respondió desestimando la protesta
fue cuando los actores demandados se basaron en argumentos legales para no
conceder las reivindicaciones. Por ejemplo, en el caso de los manifestantes
pertenecientes al MINSAL, las autoridades estatales expresaron que ellos no
tenían derecho a realizar paros laborales o huelgas, porque consideraban que
violentaban el derecho a la salud de los pacientes y, por tanto, los repertorios
de acción generaban más daño que el no cumplimiento del escalafón.
Con “desestimar la protesta” se demostró el desinterés, la falta de preocupación
y de escucha por parte de la administración Funes-FMLN hacia las demandas. En
ese sentido, la encuesta de opinión realizada por el IUDOP (2013) informó que,
para las elecciones presidenciales del 2014, una de las cosas más importantes
que deberá hacer el gobierno electo para resolver los problemas del país, será
escuchar a la población.
La tercera forma en cómo se respondió a las demandas fue amenazando a
los actores demandantes. Esta respuesta consiste en acosar y chantajearlos.
Tomando en cuenta el ejemplo del STISSS, cuando a nivel nacional se tomaron
los hospitales públicos denunciando que las autoridades del MINSAL les habían
aumentado sus horas laborales en las áreas hospitalarias; y ante esta situación
el Gobierno delegó en los centros hospitalarios agentes de la Policía Nacional
Civil para que vigilaran y atemorizaran a los manifestantes, con el objetivo de
intimidarlos para que no realizaran actos de presión (Cáceres, 2012).
El STISSS utilizó el paro de labores, pero este repertorio de lucha no les favorecía
ya que implicaba la suspensión del servicio a la salud; por consiguiente, la
ministra de salud, Isabel Rodríguez expresó:
Es lamentable que se esté privando a la población de servicios
básicos. Le estamos quitando el derecho a la salud a casi cuatro
millones de personas que están cubiertas por el sistema de salud
pública. Esto, para mí, es una ingratitud (Flores, 2013).
Otras de las formas en cómo se expresó este tipo de respuesta fue a través de
los descuentos salariales, despidos e incluso el nombrar de ilegal a los paros
laborales. En muchas ocasiones, el Gobierno amenazó con no establecer una
mesa de diálogo si los demandantes no retomaban sus labores y si continuaban
con los actos de presión se eliminaría la compensación económica, para el caso
del gremio empresarial del transporte público.
Por otro lado, desde un análisis más cualitativo, la criminalización a la protesta
fue otra respuesta por parte del Gobierno. Por ejemplo, retomando nuevamente
el análisis de las movilizaciones colectivas realizadas por el STISSS, quienes
además de ser amenazados, atemorizados e intimidados por la presencia policial;
tres de sus directivos sindicales fueron procesados penalmente acusados de
haber cometido delitos de desórdenes públicos, agravados y de resistencia,
siendo sobreseídos denitivamente al nal del proceso.
Eduardo Recinos Calles fue uno de los tres directivos sindicales que estuvo preso
más de 3 meses en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, durante
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
53
el tiempo que duró la etapa de instrucción del proceso, debido a la orden de
captura girada por el Juez 9º de paz (FESPAD, 2012, pág. 30).
Por otra parte, la mesa de diálogo, fue otro tipo de respuesta; ya que ante las
demandas realizadas por el STISSS, el Gobierno la estableció y fue el Ministerio
de Trabajo el mediador entre los actores demandantes y demandados; quienes
se reunieron para buscar acuerdos en el cumplimiento de las cláusulas del
Contrato Colectivo de Trabajo (Co Latino, 2012).
Sin embargo, a través del análisis de la mesa de diálogo o negociación se
identicó que la administración de Funes-FMLN generó alianzas estratégicas
entre los demandantes y demandados con el n de minimizar los conictos y
evitar amenazas a su estabilidad.
Por ejemplo, esto se identicó en la creación de la Mesa Nacional del Transporte
Colectivo ya que involucró a algunas gremiales empresariales en los proyectos
insignias que para ese periodo se ejecutaron, como por ejemplo el SITRAMSS y
la empresa del Sistema Integrado Prepago SIPAGO.
Las gremiales que se mostraron aliadas fueron, la Cámara Salvadoreña de la
Industria del Transporte (CASIT), cuyo presidente Rodrigo Contreras Teos fue
director del proyecto SIPAGO y la Corporación Salvadoreña de Empresarios del
Transporte (COSET) cuyo representante Miguel Castañeda, fue el presidente del
proyecto antes mencionado.
Desde la mesa de diálogo, estas gremiales empresariales apoyaron varias
decisiones que tomó el Gobierno, no así la Asociación de Empresarios de
Autobuses salvadoreños (AEAS) y los Empresarios del Transporte de Pasajeros
en Autobuses (ATP) quienes inicialmente fueron parte de la iniciativa, pero
posteriormente rompieron con ella ya que por ejemplo, Roberto Soriano,
presidente de ATP, expresó “ahí es donde van a tener problemas legales, porque
no nos pueden obligar a nosotros a meternos a una asociatividad con la que no
estamos de acuerdo, por lo menos no conocemos el proyecto” (Miranda, 2012,
pág. 2).
Mientras que, Rodrigo Contreras Teos, secretario de la mesa y accionista
de SIPAGO, alegó que existía un decreto ejecutivo publicado el veintitrés
de octubre del 2012 en el Diario Ocial, que establecía como requisito la
implementación de la tarjeta prepago en las unidades del transporte que
querían seguir operando (Miranda, 2012, pág. 2).
Conclusiones
Recordando el objetivo que se ha planteado inicialmente en este trabajo, y
partiendo del análisis del conictograma, se concluyó que desde una perspectiva
general existió una conictividad de protestas de aproximadamente 7 meses,
luego hubo cierta pausa y en los últimos meses del año 2013 aparecieron nuevas
movilizaciones colectivas; por tanto, es recomendable estudiar el desarrollo de
los conictos y de la acción colectiva que se expresó en el 2014.
TEORÍA Y PRAXIS No. 40, enero-junio 2022
54
Al haber identicado a los procesos enmarcadores como marcos interpretativos
reformistas defensivos y reformistas proactivos se concluyó que, a través de
estos, las protestas no tenían el objetivo de atacar los problemas subyacentes
que generaban los conictos dentro de un modelo político, económico y social
excluyente; sino solo mejorar las condiciones de existencia y el funcionamiento
institucional. Por consiguiente, los actores colectivos no fueran capaces de
realizar transformaciones sustanciales en contra del sistema en su conjunto, ya
que se plantearon objetivos cortoplacistas.
En ese sentido, se identicó que los manifestantes no fueron capaces de
replantearse cambios y trasformaciones de orden estructural dado a que la
protesta se expresó como una apariencia fenomenológica del problema
subyacente y fueron motivadas principalmente por la carencia e insatisfacción
de un determinado servicio, por el incumplimiento de ciertas demandas
institucionales o la denuncia de determinadas leyes o iniciativas institucionales
que deterioraban y violentaban los derechos labores y sindicales; y no por el
cuestionamiento al modelo de sociedad en su conjunto.
Los factores que motivaron las protestas coinciden con la identicación de los
dos principales campos de conictividad que se identicaron. En primer lugar,
fue el campo de la gestión institucional y en segundo, el de las condiciones de
vida y de trabajo.
Con respecto a los repertorios utilizados se concluye que el principal fue el
pronunciamiento público, lo que evidenció una poca capacidad de organización
y movilización que existió en un sujeto fragmentado con poco interés para
trabajar en una dimensión socio-organizacional.
Por otro lado, a partir del análisis de “las demandas”, se considera que estás fueron
dirigidas principalmente al órgano ejecutivo, ya que las personas identicaron
que el Gobierno de Funes y del FMLN se había auto considerado de “izquierda”;
por tanto, para los demandantes estaba moral y políticamente comprometido
con responder satisfactoriamente a las exigencias que planteaban.
Con respecto al análisis de la zona geográca de los conictos se identicó que
la misma concentración económica e institucional contribuyó a que la cobertura
mediática de los hechos de protesta se concentrara en el AMSS, a excepción
cuando los trabajadores del MINSAL, MINED y del transporte colectivo realizaron
paros y huelgas laborales a nivel nacional; ya que, en estos casos, los medios
de comunicación la reportaron porque las movilizaciones se prolongaron y
generaron preocupación en el Gobierno y en la sociedad, principalmente en los
derechohabientes que hacían uso del sistema de salud pública.
En cuanto a la respuesta del Gobierno, éste generalmente desestimó la
protesta y la consideró como un abuso y atropello cuando se había creado una
mesa de diálogo para la resolución de los conictos; sin embargo, cuando los
manifestantes no lograron identicar avances signicativos en el proceso de
diálogo continuaron generando presión a través de los diversos repertorios de
acción.
La protesta social durante el gobierno de Maurico Funes-FMLN
55
Además, se concluyó que la administración Funes-FMLN respondió con
argumentos legales para no conceder la demanda. Por ejemplo, cuando expresó
que los trabajadores del MINSAL no tenían derecho a realizar paros laborales
o huelgas porque consideraban que esas medidas violentaban el derecho a la
salud de los pacientes y, por tanto, la protesta generaba más daño que cumplir
con las demandas.
Con “refutar el sentido de la protesta y desestimarla” se demostró el desinterés,
la falta de preocupación y de escucha por parte del Gobierno hacia las demandas,
ya que también se desligaron de sus responsabilidades o de los acuerdos que
se tenían dentro de la mesa de negociación; la cual al nal sirvió como una
estrategia para dilatar el conicto y para generar alianzas entre los actores
demandantes y demandados.
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