
74.
La política también contrapone los conceptos de exclusión educativa y
educación inclusiva, considerando que esta última es aquella que promueve
oportunidades de acceso, permanencia y egreso educativo en condiciones de
igualdad a todas y todos teniendo como premisa el respeto a las condiciones de
discapacidad, credo, raza, condición social y económica, opción política, etc.
Además, la Política de Educación Inclusiva reconoce que las cifras en materia
de atención a las necesidades educativas de grupos poblacionales vulnerables
demuestran un avance- aunque no suficiente- en el tema de respuestas para
equiparar oportunidades y reducir riesgos de exclusión (MINED, 2010).
También hace énfasis en la educación como un derecho fundamental para
las personas, y se menciona que la exclusión educativa está asociada al déficit
histórico en la promoción de políticas educativas y normativas jurídicas orientadas
al cumplimiento del derecho a una educación integral, oportuna y de calidad,
con equidad y recursos suficientes, es decir una educación para todos y todas,
sin discriminación de ningún tipo. Se considera que la política es una forma de
responder a la urgente necesidad de transformar el sistema educativo, teniendo
como punto de partida, el reconocimiento del derecho de cada niña, niño,
adolescente, joven y persona adulta tiene de recibir educación oportuna y de
calidad (MINED, 2010).
Es importante señalar que, aunque la política está orientada a responder a las
necesidades educativas de todos y todas, su énfasis está puesto en la Educación
Básica, ya que en ella no se hace mención de la Educación Superior. Otro detalle
es que en el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación
de la política se integró un Foro de Análisis para la Política de Educación Inclusiva,
para ser un referente consultivo conformado por representantes de diferentes
instituciones y actores nacionales vinculados al tema de educación (ONGs,
Organismos de Cooperación, padres y madres de personas con discapacidad,
etc.). No se mencionan las Instituciones de Educación Superior (IES) como parte
del foro consultado y tampoco figuran dentro de los actores clave para el éxito
de la política, los cuales solo contemplan a: las instituciones del sector público
y gobiernos municipales, programas de responsabilidad social empresarial,
organismos internacionales, Ministerio de Educación, Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y organizaciones comunitarias de apoyo a la Educación
Inclusiva.
Para efectos de esta política, la educación inclusiva se define como el conjunto
de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las
barreras de acceso y participación que faciliten el cumplimiento del derecho
efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones
de equidad. Es un esfuerzo constante de transformar y fortalecer el sistema
educativo, empoderar la escuela y facilitar la participación de la comunidad en
todo el hecho pedagógico (MINED, 2010).
Con la presente definición, se comprende que el enfoque de este documento
hace referencia a la educación como un derecho fundamental que debe
ejercerse sin discriminación alguna y la visualiza como un esfuerzo institucional
orientado por una visión de largo plazo, sustentada en la necesidad de mejora
en las políticas, normativas y prácticas pedagógicas, pautas de cultura y en los
ambientes escolares que requieran el cumplimiento del derecho a la educación.